La salida de Jaime Andrés Uribe de la gerencia del Fondo Milagro, entidad creada para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, se produjo por solicitud directa del presidente Abelardo De La Espriella, según reporta El Tiempo. La decisión se concretó al cumplirse los primeros 100 días de gobierno y estuvo precedida por dos focos de cuestionamiento: el elevado costo de la planta de personal y el avance prácticamente nulo en la ejecución de los recursos destinados a la emergencia.
El detonante: una nómina de 700 millones mensuales
El escándalo estalló tras la denuncia de la representante Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, sobre los altos salarios de la planta de la recién creada entidad. Con apenas 26 funcionarios contratados, el costo mensual superaba los 700 millones de pesos, y el organigrama contemplaba hasta 130 plazas que, según el senador Duvalier Sánchez, podrían elevar la nómina por encima de los 1.200 millones de pesos mensuales. La reacción presidencial fue inmediata: ordenó reversar la escala salarial y, un día después, pidió la renuncia de Uribe. “Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad”, declaró el mandatario.
Una ejecución que no despegó
El segundo frente de críticas fue la lentitud operativa. Aunque Uribe fue nombrado el 21 de agosto y el decreto de creación se expidió el 9 de septiembre, solo hasta el 6 de octubre se entregó a Fiducoldex el contrato de administración fiduciaria, con una comisión de 248 millones de pesos mensuales. Para comienzos de noviembre, la entidad aún carecía de manual operativo y de contratación, y los recursos ejecutados eran mínimos: de los 624.656 millones de pesos provenientes de un préstamo del Banco Mundial por un billón, solo se habían dispuesto contratos por 7.440 millones para demoliciones e interventorías en Pereira y Cali. Como resultado, la oposición advirtió que las víctimas seguían en carpas mientras la burocracia se consolidaba.
Un problema estructural que trasciende la renuncia
El análisis de impacto sugiere que la salida de Uribe no cierra la controversia. La representante Catherine Juvinao advirtió que el manual de la entidad otorga “superpoderes” al gerente, permitiéndole escoger contratista e interventor sin aprobación de la junta directiva en contrataciones inferiores a 17.500 millones, además de habilitar adiciones contractuales por encima del tope legal y más de 21 causales de contratación directa. Por lo tanto, el relevo deja intacto el diseño institucional que concentra la discrecionalidad. Con Uribe se suma el funcionario número 17 en abandonar el gobierno en sus primeros 100 días, un patrón de rotación que podría afectar la continuidad de políticas públicas en sectores críticos. La pregunta que persiste es si el nuevo gerente heredará la misma estructura de poder o si el Ejecutivo ajustará el marco operativo del fondo.
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