La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de la investigación que adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno en la actuación penal, al concluir que no existen pruebas que permitan sostener la hipótesis de pagos a exparamilitares para modificar sus declaraciones judiciales. La decisión fue adoptada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain, mediante una resolución de 47 páginas fechada el 12 de noviembre de 2026 y conocida públicamente entre el 13 y el 14 de noviembre, según reporta la prensa colombiana.
El origen del expediente y su tránsito judicial
El caso se remonta a febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al entonces senador Iván Cepeda Castro y ordenó compulsar copias para indagar al también senador Álvaro Uribe Vélez por una presunta manipulación de testigos. El expediente estuvo vinculado a las denuncias de Cepeda y a los testimonios de antiguos integrantes de grupos paramilitares. Tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, la competencia pasó a la Fiscalía, que continuó con las diligencias. Este tránsito competencial es relevante porque explica por qué un caso nacido en la Corte Suprema terminó resolviéndose en la justicia ordinaria.
Qué analizó la Fiscalía y por qué descartó los señalamientos
Uno de los elementos centrales fue la declaración de Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, quien afirmó que los exparamilitares Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’, habrían recibido hasta 300 millones de pesos a cambio de modificar sus versiones judiciales. Sin embargo, según la resolución, Sierra García no aportó documentos ni elementos de juicio que respaldaran sus afirmaciones, y la Fiscalía calificó sus señalamientos como “rumores del patio o de una mera percepción respecto de la cual no se encontró fundamento”.
Para verificar la información, el despacho adelantó un rastreo patrimonial y financiero con apoyo de la Dian, Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro, examinando operaciones inmobiliarias de predios en Cimitarra, Santander, relacionados con Muñoz Ramírez, así como el origen de los recursos usados para cancelar hipotecas bancarias. Tras revisar escrituras públicas, títulos de propiedad y transacciones, además de interrogar a compradores y propietarios, se determinó que las operaciones correspondían a negocios legítimos entre particulares y no tenían relación con los presuntos sobornos. Además, el análisis descartó un origen ficticio o financiación encubierta, y estableció que las fechas de las transacciones y los giros de dinero no coincidían ni guardaban relación causal con las declaraciones de los testigos.
Alcance jurídico de la decisión
La Fiscalía se refirió también a los señalamientos de fraude procesal relacionados con alias ‘Castañeda’, alias ‘Simón’ y Óscar Antonio Monsalve Correa, sobre los cuales señaló una imposibilidad legal de emitir un nuevo pronunciamiento, debido a que ya habían sido objeto de debate y valoración probatoria en el juicio oral ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. El archivo se adoptó bajo la causal de inexistencia del hecho, contemplada en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. Es importante precisar que el archivo no equivale a una sentencia absolutoria ni hace tránsito a cosa juzgada, y la propia Fiscalía dejó abierta la posibilidad de reanudar la investigación si aparecen nuevos elementos materiales probatorios, siempre que la acción penal continúe vigente y no haya prescrito.
Lo que queda cerrado y lo que sigue pendiente
Esta determinación corresponde exclusivamente a la investigación por los presuntos sobornos a testigos y no implica el cierre de otros expedientes que involucran al expresidente. Entre ellos se encuentran las investigaciones relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de un grupo paramilitar en la hacienda Las Guacharacas. En ese otro expediente, la entidad programó para el 11 de diciembre de 2026 la continuación de la diligencia de indagatoria contra Uribe. Tras conocerse la decisión, el abogado Jaime Granados, defensor principal del expresidente, celebró públicamente la determinación y escribió en X: “En algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron”.
Como resultado, el archivo cierra uno de los frentes judiciales más mediáticos de la última década en Colombia, pero el mapa procesal del expresidente permanece abierto en otros procesos. La distinción entre el cierre de una causa y la vigencia de las demás resulta clave para interpretar correctamente el alcance de la resolución.
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