El Consejo Comunitario Manos Amigas del Patía Grande, asentado en el municipio de Magüí Payán, en la costa pacífica de Nariño, emitió una alerta humanitaria urgente ante el riesgo inminente de un nuevo desplazamiento masivo. Según la comunicación dirigida a la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras entidades, la comunidad se encuentra confinada y expuesta a combates entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. La advertencia, fechada el 12 de noviembre, no es un hecho aislado: representa la continuidad de un patrón de violencia que ha marcado a este territorio del Triángulo del Telembí durante años.
Un territorio marcado por la guerra
De acuerdo con la organización étnica, en menos de cuatro años la comunidad ha sufrido cuatro desplazamientos forzados, afectando a más de 250 familias. El más reciente ocurrió hace apenas ocho meses, cuando los pobladores debieron reconstruir sus viviendas de madera y retomar sus cultivos para subsistir. “Volvimos porque el territorio es nuestra madre, no tenemos otro lugar a donde ir”, señaló el consejo comunitario. Este ciclo de retorno y éxodo refleja una realidad que se repite en varias zonas del Pacífico colombiano, donde las comunidades afrodescendientes quedan atrapadas entre actores armados y operaciones militares.
La disputa por el control territorial
El detonante de la actual alerta fue el ingreso de tropas del Ejército Nacional al territorio colectivo el 27 de octubre de 2026, sin concertación previa con las autoridades étnicas. Según el relato de la comunidad, el responsable de la tropa habría manifestado que tenían “orden directa de llegar hasta arriba, hasta la zona alta”. Para la organización, esa frase tiene una lectura clara: “Significa combate. Significa que los grupos armados que están arriba van a responder. Significa que van a bombardear donde estamos nosotros”. Como resultado, la población civil queda en medio del fuego cruzado, sin rutas de evacuación seguras ni garantías de protección.
Un llamado que exige respuestas
La misiva también denuncia que la comunidad ha sido víctima de masacres y de minas antipersona, y cuestiona: “¿Cuántas veces más tenemos que desplazarnos para que nos crean que estamos en riesgo?”. El consejo comunitario subraya que su territorio no es una zona de operaciones militares, sino “nuestra casa, nuestro cementerio ancestral, nuestra farmacia, nuestra vida”, protegido por la Constitución. La situación plantea un desafío para el Estado: garantizar la seguridad sin desconocer la autonomía de los territorios étnicos ni exponer a la población civil. Mientras la Fuerza Pública adelanta operaciones para recuperar el control de la zona, las familias del Patía Grande permanecen a la espera de medidas efectivas que eviten un quinto desplazamiento.
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