La consejera comisionada de Paz y directora encargada de la Unidad de Implementación, Viviane Morales, presentó ante el Congreso la hoja de ruta del Gobierno para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en el año en que se cumple una década desde su firma. Su intervención, según reportes de prensa, se centró en una premisa técnica que podría redefinir la forma en que el Estado colombiano mide y comunica el avance de lo pactado: la necesidad de “sincerar las cifras”.
El problema de la medición fragmentada
Morales advirtió que los balances sobre la implementación no son consistentes entre las entidades que los evalúan. Mientras la Contraloría reporta un cumplimiento del 46% y la Procuraduría del 56%, el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) señala un avance del 59,44% con corte al 30 de septiembre. Esta disparidad metodológica, según la funcionaria, impide determinar con certeza el estado real de la implementación y, por lo tanto, dificulta la toma de decisiones basada en evidencia.
Además, la consejera identificó una dispersión en la coordinación institucional que agrava el problema. Las entidades con responsabilidad en la implementación varían según la fuente: 71 según la Unidad de Implementación, 53 para la Contraloría y la Procuraduría, y 81 para el Fondo Colombia en Paz. Sin una cifra única, resulta complejo establecer quién responde por cada compromiso, una advertencia que también ha formulado la ONU.
PDET y reincorporación: recursos sin ejecución efectiva
El diagnóstico presentado incluye una revisión crítica de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Morales cuestionó que, pese a sumar más de 47 billones en proyectos, solo el 36% esté terminado. “Los PDET tuvieron recursos, no ejecución”, aseveró, subrayando la desconexión entre presupuesto y resultados concretos en los territorios.
Un patrón similar se observa en la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que en 2025 dejó sin ejecutar 77 mil millones de funcionamiento y, a junio de 2026, no había obligado recursos de sus 9.548 millones de inversión. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) también presenta brechas: de 4,4 billones disponibles, solo se ha pagado el 63%, y el 82% de las familias no ha recibido lo prometido, según la Fundación Ideas para la Paz.
Implicaciones y conexión con el Plan Nacional de Desarrollo
Las respuestas de Morales se alinean con el borrador del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que reconoce la necesidad de una evaluación exhaustiva del estado de la implementación para superar la dispersión institucional y corregir ineficiencias en la entrega de bienes y servicios en las regiones más afectadas por la violencia. Este enfoque sugiere un giro hacia la rendición de cuentas basada en datos unificados, lo que podría facilitar la veeduría ciudadana y la cooperación internacional.
Sin embargo, el éxito de esta ruta dependerá de la capacidad del Gobierno para articular a las múltiples entidades involucradas y de la transparencia con que se comuniquen los resultados. Como ha señalado la Misión de Verificación de la ONU, la sostenibilidad del Acuerdo requiere no solo recursos, sino también institucionalidad coordinada y confianza pública en las cifras.
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