El gobierno colombiano reestructuró por completo su propuesta de estatuto antiterrorista tras las fuertes objeciones que recibió el primer borrador por parte de la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia y sectores políticos. Según reportó EL TIEMPO, el texto final —que aún revisa la oficina jurídica de la Presidencia— ya no es una sola iniciativa, sino dos proyectos complementarios: uno de carácter estatutario y otro de ley ordinaria. El cambio responde a la necesidad de blindar jurídicamente los puntos más controvertidos y de separar las materias que exigían mayorías calificadas en el Congreso.
Qué contiene la nueva arquitectura normativa
El proyecto estatutario crea el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas y fija los criterios de inteligencia, contrainteligencia y reconocimiento facial automatizado en sistemas de videovigilancia. La ley ordinaria, por su parte, desarrolla los efectos concretos: congelamiento inmediato de fondos y activos, inhabilidad para contratar con el Estado y extensión de esa condición a personas jurídicas vinculadas. Como resultado, la propuesta busca articular la zanahoria y el garrote que el exministro Rodrigo Lara defendía junto a la ley de sometimiento, aprobada en el Congreso mientras el estatuto quedaba en el limbo.
Los ajustes que responden a las polémicas
Las modificaciones más sensibles corrigen tres frentes críticos. Primero, la definición de acto terrorista ahora exige violencia grave o amenaza creíble contra la vida, la integridad, la libertad o la infraestructura crítica, y aclara expresamente que la protesta social, la movilización ciudadana y la labor periodística no configuran terrorismo ni podrán dar lugar a inclusión en el registro. Segundo, se excluye la posibilidad de que listados internacionales —como el de la Ofac— operen automáticamente, una preocupación directa del Pacto Histórico por la situación del expresidente Gustavo Petro. Tercero, se precisa que la inclusión en la lista no determina objetivo militar ni autoriza el uso de la fuerza, desactivando así el vínculo con el Derecho Internacional Humanitario que traía el borrador original.
Los puntos que aún generan debate
Persisten disposiciones que podrían reabrir la discusión. El texto obliga a personas naturales y jurídicas con actividades en Colombia a colaborar con los organismos de inteligencia, so pena de responsabilidades administrativas, civiles y penales, un punto que roza la reserva de información privada. Además, el capítulo de reconocimiento facial habilita cámaras biométricas para identificar personas con órdenes de captura por terrorismo, rebelión o delitos con penas de ocho años o más, lo que plantea interrogantes sobre privacidad y proporcionalidad. La inclusión en el registro seguirá siendo una decisión administrativa del presidente, con recomendación previa del Ministerio de Justicia y una instancia técnica, aunque se incorporan mecanismos de exclusión por homonimia y protección de menores.
El calendario legislativo es incierto: fuentes del Ministerio del Interior señalan que la radicación podría darse el próximo semestre, pues la agenda oficial está concentrada en el rescate fiscal. El precedente regional sugiere que este tipo de marcos suele enfrentar litigios constitucionales, por lo que el diseño en dos capas podría interpretarse como una estrategia para reducir el riesgo de demandas ante la Corte Constitucional. Habrá que observar si el equilibrio entre eficacia antiterrorista y garantías fundamentales resiste el debate parlamentario.
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