La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó el balance de sus primeros 100 días de gestión, un periodo en el que reportó una inversión superior a los 12.160 millones de pesos destinada a proyectos sostenibles e iniciativas productivas para organizaciones campesinas y comunidades étnicas. Según la entidad, estos recursos buscan fortalecer las actividades rurales en departamentos como La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre, Arauca y Cesar, así como respaldar a organizaciones de mujeres rurales y comunidades campesinas.
Distribución de los recursos y enfoque territorial
Del total anunciado, 9.868 millones de pesos corresponden a iniciativas para pueblos indígenas y comunidades negras, mientras que otros 2.292 millones se asignaron a organizaciones campesinas y de mujeres rurales del Bajo Cauca y a la Asociación Nuestra América, en el Cesar. Esta distribución refleja una priorización de los territorios con mayores índices de ruralidad y presencia de grupos étnicos, lo que resulta coherente con el mandato de la entidad de cerrar brechas históricas en el acceso a recursos productivos.
Formalización de tierras y constitución de resguardos
En materia de acceso y formalización, la ANT expidió 1.054 títulos de propiedad equivalentes a 9.024 hectáreas, que beneficiarán a 1.039 familias en 18 departamentos. Adicionalmente, entregó 182 títulos en Magdalena y Antioquia, y mantiene otros 1.221 en trámite con miras a formalizarlos antes de finalizar 2026. Como resultado de estas acciones, el Consejo Directivo aprobó seis acuerdos para comunidades indígenas —cinco de constitución de resguardos y uno de ampliación— que abarcan 162 hectáreas y beneficiarían a más de 5.323 familias en Cauca, Nariño, Putumayo, La Guajira, Risaralda y Caldas.
Recuperación de maquinaria y gestión administrativa
El balance también incluye la recuperación de 13 tractores agrícolas con sus aperos e implementos, valorados en 5.493 millones de pesos, así como la estructuración de dos convocatorias: Campo Milagro para el Tolima (12.000 millones) y otra para comunidades indígenas y negras de Chocó y Arauca (8.514 millones). En el plano administrativo, la entidad identificó un rezago de 123.204 solicitudes de vigencias anteriores y puso en marcha un plan de choque que gestionó 10.227 requerimientos, mientras que la productividad mensual en respuesta a derechos de petición aumentó un 69,3 %, pasando de 2.012 a 3.407 respuestas.
Perspectiva de impacto
Estos resultados sugieren un esfuerzo por articular la inversión productiva con la formalización de la propiedad, dos frentes que históricamente han operado de manera descoordinada en la política de tierras colombiana. Sin embargo, el rezago acumulado de más de 123.000 solicitudes evidencia que la capacidad institucional aún es insuficiente frente a la demanda represada. La directora Lina María Garrido destacó el trabajo con comunidades rurales y sostuvo que la entidad avanza hacia “una Colombia, país de propietarios”, aunque el verdadero indicador de éxito será la sostenibilidad de estos proyectos y la culminación efectiva de los títulos en trámite.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















