El presidente Abelardo De La Espriella presentó un balance de seguridad de sus primeros 100 días de gobierno en el que afirmó que su administración ha demostrado a los grupos armados ilegales que “se les acabaron los santuarios”. Según reportó El Tiempo, el mandatario destacó la acción de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales y narcoterroristas, al tiempo que reconoció un incremento en las acciones violentas, atribuyéndolo a un cambio de estrategia frente a la denominada ‘paz total’ del gobierno anterior.
Un cambio de doctrina en seguridad
El eje central del discurso presidencial fue la recuperación de la autoridad del Estado, que, según su diagnóstico, quedó “hecha añicos” tras el gobierno de Gustavo Petro. Como resultado, De La Espriella ordenó recuperar el control del territorio y enfrentar a las organizaciones criminales, además de poner fin a los diálogos de la ‘paz total’ y tramitar un proyecto de ley de sometimiento que descarta cualquier reconocimiento político. Esta ruptura con el enfoque de negociación representa un giro significativo en la política de seguridad colombiana, pues prioriza la confrontación directa sobre la mesa de diálogo. Además, el mandatario sostuvo que el aumento de ataques era previsible, dado que el gobierno anterior “no se enfrentaba a los terroristas”.
Resultados operativos y cifras del balance
El informe incluye datos concretos sobre la ofensiva contra el crimen de alto y bajo impacto. Según fuentes oficiales, se registraron 51.524 capturas, entre ellas 654 por extorsión y 184 por secuestro; la incautación de 6.336 armas de fuego y 389 toneladas de estupefacientes, con 1.493 laboratorios destruidos. Asimismo, se reportaron más de 160 extradiciones firmadas y 91 materializadas. El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, complementó el balance con nueve operaciones aéreas en Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Vichada, Chocó y Antioquia, que dejaron 69 muertos y 14 capturados. La combinación de operaciones militares, inteligencia y persecución de economías criminales sugiere una estrategia integral, aunque el impacto sostenido en el tiempo aún está por verificarse.
Implicaciones y perspectivas
El énfasis en golpear las finanzas de las estructuras armadas —”no basta perseguir a los criminales, hay que golpear las economías que alimentan sus estructuras”— conecta con una tendencia regional de seguridad multidimensional. Sin embargo, el reconocimiento presidencial del aumento de la violencia plantea un desafío: la confrontación directa puede elevar los costos humanitarios a corto plazo. El verdadero test será si estas cifras se traducen en una reducción sostenida de la violencia o si, por el contrario, la intensificación del conflicto genera nuevas dinámicas de riesgo para la población civil. El compromiso de otorgar seguridad jurídica a los uniformados añade un componente clave para la moral de la Fuerza Pública.
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