Colombia se alista para las elecciones regionales de octubre de 2027, en las que los ciudadanos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031. Según el análisis de Margarita Cabello Blanco, ex procuradora general de la Nación, esta cita electoral representa una nueva oportunidad para fortalecer la democracia, pero también un momento que exige una profunda reflexión sobre la responsabilidad ciudadana y la integridad de quienes aspiran a gobernar.
El peso de los recursos y la conciencia ciudadana
El costo aproximado del proceso electoral regional de 2023 rondó el billón de pesos, una cifra que permite anticipar para 2027 una inversión similar o incluso superior. Esa importante destinación de recursos públicos, señala Cabello, debe ir acompañada de una ciudadanía consciente de la trascendencia de su voto, pues la decisión electoral tiene consecuencias directas sobre los servicios públicos, la seguridad, las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida en cada territorio. Por lo tanto, no basta con acudir a las urnas: resulta indispensable examinar las propuestas, la trayectoria y la conducta de quienes aspiran a representar los intereses colectivos.
La corrupción silenciosa que erosiona las instituciones
Uno de los mayores riesgos para la democracia, advierte la exfuncionaria, es la pérdida del respeto por la ley y por los valores que deben orientar la convivencia. La corrupción no se limita al robo de recursos públicos o al uso indebido del poder, sino que se extiende a un deterioro más silencioso: aquel que aparece cuando la sociedad comienza a aceptar como normales comportamientos que contradicen la Constitución, aunque parezcan mantenerse dentro de la legalidad. Como resultado, se configura una especie de legalidad paralela en la que la excepción se convierte en costumbre y la indiferencia ciudadana abre espacio para nuevos abusos.
Cabello recurre al pensamiento de Maquiavelo para ilustrar este fenómeno: una sociedad empieza a perder sus fundamentos cuando premia a quien incumple las reglas y desestimula a quien las respeta. Además, subraya que las democracias se deterioran cuando se rompe el vínculo de confianza y responsabilidad que debe unir a gobernantes y gobernados.
El rol de ciudadanos, partidos y servidores públicos
Frente a este panorama, el análisis plantea una pregunta central sobre el papel que corresponde a ciudadanos y servidores públicos. Ninguna Constitución, por bien concebida que esté, puede reemplazar el compromiso de una sociedad con sus instituciones. Ese compromiso se refleja en ciudadanos capaces de defender sus convicciones sin considerar enemigos a quienes piensan diferente, y conscientes de que no solo están para reclamar derechos, sino también para cumplir deberes.
- Partidos políticos: llamados a ofrecer candidaturas responsables y a ejercer un control serio sobre las personas que avalan.
- Servidores públicos: deben recordar que el poder no es un privilegio personal, sino una responsabilidad temporal; la transparencia y la rendición de cuentas son garantías contra la arbitrariedad.
- Ciudadanía: responsable de vigilar que las reglas se respeten y de elegir con conciencia.
Preservar la democracia que se hereda
De cara a los comicios de 2027, la conclusión del análisis es clara: la responsabilidad colectiva consiste en elegir con conciencia, defender el Estado de derecho, rechazar los abusos de poder y combatir las prácticas que debilitan la legalidad. El verdadero desafío no se agota en elegir buenos gobernantes, sino en preservar una democracia que merezca la confianza de los colombianos y en transmitir a las próximas generaciones una democracia más sólida y legítima que la recibida.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















