La discusión del salario mínimo para 2027 en Colombia arrancará el próximo 18 de noviembre en la mesa de concertación laboral, y las posiciones iniciales ya evidencian una brecha significativa entre las partes. Mientras los gremios empresariales plantean un incremento cercano al 9 %, las pretensiones atribuidas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suman 32 puntos porcentuales de aumento para cerrar la brecha frente al salario mínimo vital, y desde el Ejecutivo se ha mencionado la posibilidad de que el monto supere los dos millones de pesos, según reporta EL TIEMPO.
Una fórmula técnica para equilibrar costos y productividad
Ante este panorama, el profesor de Economía de la Universidad de La Sabana, Wilson Rodríguez, propone una fórmula intermedia que evite presiones sobre las finanzas públicas, el empleo formal y la inflación. Su planteamiento, difundido por Portafolio, sugiere que el incremento debería rondar el 8,4 %, resultado de sumar una inflación de referencia del 6,3 % y una productividad laboral cercana al 2 %.
Este enfoque busca reconocer la pérdida de poder adquisitivo de los hogares sin trasladar a las empresas sobrecostos laborales que superen su capacidad productiva. Además, el académico subraya la necesidad de diferenciar entre la inflación estructural y los choques temporales, un punto que resulta crucial para la discusión.
El Niño y la inflación: por qué no deben guiar el ajuste
Uno de los aspectos más relevantes del análisis es la advertencia sobre el fenómeno de El Niño. Según Rodríguez, eventos climáticos como este suelen impulsar al alza las tarifas de energía y los precios de alimentos, presionando el índice general de inflación. Sin embargo, estos episodios responden a choques temporales, mientras que el salario mínimo establece costos laborales que se mantienen durante todo el año.
“La mesa debe mirar la inflación estructural o básica, no las anomalías del clima”, afirmó el docente, quien también precisó que la discusión debe considerar la inflación esperada, dado que este indicador ya incorpora parte de los efectos previstos por las variaciones climáticas. Como resultado, incorporar estos choques en el ajuste salarial podría generar distorsiones en los costos laborales de largo plazo.
Lecciones de 2026 y el impacto en el empleo formal
El antecedente inmediato del ajuste del 23 % en 2026 dejó señales sobre la sensibilidad de ciertos sectores ante incrementos de dos dígitos. De acuerdo con el análisis académico, las micro y pequeñas empresas, las actividades agropecuarias, los hoteles, los restaurantes y el comercio son los más expuestos, pues dependen de una alta participación de trabajadores con salario mínimo y operan con márgenes reducidos.
Cuando los costos salariales crecen por encima de la productividad, estas unidades productivas pueden enfrentar dificultades para mantener los empleos formales, ajustar sus nóminas o reducir contrataciones. A esto se suma una característica estructural del mercado laboral colombiano: cerca de la mitad de los ocupados gana menos de un salario mínimo, por lo que un incremento elevado no necesariamente mejora los ingresos de toda la población trabajadora.
Presión sobre las cuentas fiscales
El impacto del ajuste también alcanza el presupuesto nacional. Un incremento en esta remuneración eleva automáticamente las obligaciones del Estado en rubros como las pensiones vinculadas legalmente a ese ingreso y la nómina pública. Para dimensionar ese efecto, Rodríguez cita estimaciones atribuidas al Banco de la República según las cuales cada punto porcentual de aumento del salario mínimo representaría un gasto fiscal adicional cercano al 0,04 % del PIB.
Con la mesa de concertación a la vista y posiciones tan distantes, la posibilidad de que la decisión se defina por decreto del Gobierno vuelve a cobrar relevancia. Por lo tanto, el debate no solo gira en torno al porcentaje, sino sobre qué criterios técnicos deben primar para equilibrar el poder adquisitivo, la sostenibilidad del empleo formal y la estabilidad fiscal.
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