Un nuevo episodio de violencia contra la Fuerza Pública sacudió al departamento de Casanare. El presidente Abelardo De La Espriella condenó con firmeza el asesinato del patrullero de la Policía Nacional Juan Sebastián Quintero Caldas, ultimado a tiros la noche del miércoles 11 de noviembre en el municipio de Hato Corozal, según reportó la Presidencia a través de la cuenta oficial del mandatario en X.
Los hechos del ataque armado
De acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades, el patrullero Quintero Caldas realizaba labores de registro y control en una vía pública cuando fue atacado con arma de fuego. El uniformado se movilizaba en una motocicleta junto al subintendente Marcelo Miranda Cordero, quien resultó herido y fue trasladado a un centro médico, donde recibe atención por la gravedad de sus lesiones. El gobernador de Casanare, Cesar Ortíz, confirmó además que una ciudadana también resultó lesionada durante el ataque, aunque su herida no pone en riesgo su vida.
La respuesta del Gobierno nacional
En su pronunciamiento, el jefe de Estado expresó solidaridad con la familia del uniformado y con toda la institución policial, y advirtió que los responsables serán perseguidos hasta responder ante la justicia. “He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes”, señaló De La Espriella. Asimismo, reiteró que cada agresión contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado.
Un patrón que se repite en el país
El caso de Hato Corozal no es un hecho aislado. En las últimas semanas se han registrado otros ataques contra la institucionalidad, como el atentado con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Mondomo, en el Cauca, que obligó al cierre de la vía Panamericana. Este tipo de acciones evidencia una escalada de violencia que, como resultado, presiona al Gobierno a reforzar la seguridad en zonas rurales y estratégicas. La orden presidencial de movilizar capacidades de inteligencia busca no solo capturar a los autores materiales, sino también desarticular las estructuras criminales que financian y planifican estos ataques, un desafío que exigirá coordinación entre la Policía, la Fiscalía y las fuerzas militares.
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