El Centro Democrático ha estructurado una propuesta alternativa que busca transformar de fondo el componente tributario de la reforma y la ley de rescate fiscal que se discute en el Congreso. Según el borrador conocido por EL TIEMPO, el documento toma como base el proyecto original, pero introduce cambios sustanciales que serían presentados al gobierno de Abelardo De La Espriella. La iniciativa, construida en una reunión de bancada en Bogotá, será compartida con el Ejecutivo para que sea tenida en cuenta; de no ser acogida, se radicaría como ponencia alternativa en los debates legislativos.
Desmonte gradual de tributos y alivios a empresas
La propuesta contempla la derogación, a partir del 1 de enero de 2027, de los impuestos a bebidas y comestibles ultraprocesados, al patrimonio y de timbre. Además, plantea una reducción progresiva del gravamen a los movimientos financieros: pasaría a 3×1000 en 2027, 2×1000 en 2028 y 1×1000 en 2029, hasta desaparecer en 2030. En materia de renta, la tarifa general para empresas bajaría al 30 % desde 2027, con un incentivo del 15 % sobre las rentas originadas en el incremento real de exportaciones con valor agregado frente a los niveles de 2026, beneficio vigente entre 2027 y 2057. Como resultado, el partido busca aliviar la carga tributaria del sector productivo y estimular la competitividad externa.
Lucha contra la evasión y bonos de financiamiento presupuestal
El documento fija metas mínimas de recaudo efectivo por evasión y contrabando: $7,5 billones en 2027, $15 billones en 2028, $22,5 billones en 2029 y $30 billones en 2030. Para alcanzarlas, prevé aumentar las visitas de campo y auditorías electrónicas hasta un millón anual desde 2030, con al menos el 20 % enfocado en contrabando. Sin embargo, dado que la iniciativa reduce varios tributos, incorpora un mecanismo de financiación mediante Bonos de Financiamiento Presupuestal por hasta 80 billones de pesos anuales entre 2027 y 2031, de inversión obligatoria para sociedades con renta líquida superior a 500 millones de pesos. Este equilibrio entre desmonte tributario y financiación estatal será clave en la negociación con el Gobierno y el Legislativo.
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