El proceso de supresión y liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad registra avances concretos en materia laboral, presupuestal y administrativa. Según el informe presentado por el liquidador John Milton Rodríguez ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, la entidad ha suprimido 467 cargos, equivalentes al 63 % del personal, y ha definido la ruta de traslado de sus programas y fondos hacia otras carteras. El desmantelamiento comenzó oficialmente en junio de 2026, después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la creación de la entidad por fallas en el análisis de impacto fiscal durante su trámite legislativo.
Reorganización de programas y estabilidad laboral
Uno de los ejes centrales del informe es la reestructuración de la arquitectura social del ministerio. Para evitar la dispersión presupuestal y administrativa, el liquidador explicó que se pasó de 24 programas dispersos a 11 programas concentrados, enfocados en las comunidades correspondientes. Además, el proceso de supresión de cargos se ha gestionado mediante mesas técnicas con el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el objetivo de salvaguardar la estabilidad laboral de los servidores protegidos por la ley. Como resultado, la liquidación no solo reduce la estructura burocrática, sino que busca reubicar capacidades institucionales en lugar de eliminarlas de forma abrupta.
Fondos clave y destino de los recursos
En el plano financiero, Rodríguez detalló la situación de los tres fondos adscritos a la entidad. En Fonigualdad se adelanta una auditoría forense e integral que revisa contrato por contrato y los componentes ejecutados a través de la fiducia, con el fin de dar transparencia sobre el uso de los recursos públicos. Respecto al fondo No es Hora de Callar, creado en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la periodista Jineth Bedoya Lima, se formalizó la viabilidad para que el Ministerio de Hacienda realice el traslado presupuestal directo hacia el Ministerio del Interior. Por su parte, el fondo Todos Somos Pacífico, financiado por el BID y orientado a infraestructura, agua potable y vivienda en el litoral Pacífico, ya tiene su expediente en manos de Hacienda, con una sugerencia de traslado de ejecución al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para aprovechar su capacidad técnica.
Impacto fiscal y hoja de ruta
El balance financiero del proceso incluye la recuperación de más de 233.700 millones de pesos destinados a retornar al Tesoro Nacional, una cifra que superó las metas iniciales de austeridad, según informó el liquidador en octubre de 2026. Este resultado sugiere que la liquidación no se limita al desmonte administrativo, sino que también genera un ahorro fiscal verificable en un contexto de ajuste del gasto público. El proceso tiene una duración inicial de un año, contado a partir de la vigencia del Decreto 626 de 2026, por lo que la hoja de ruta deberá completarse antes del 19 de junio de 2027. La conexión con tendencias más amplias de reestructuración estatal y control del gasto refuerza la relevancia de este caso como precedente para futuras decisiones sobre entidades cuya creación enfrenta cuestionamientos constitucionales.
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