La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, planteó este jueves 12 de noviembre ante la COP31 —celebrada en la costa mediterránea de Turquía— una postura que tensiona el consenso climático internacional: su país reclama el derecho soberano a expandir su industria petrolera y energética mientras afirma mantener compromisos ambientales. Su intervención coincidió con la quinta jornada de negociaciones entre representantes de casi 200 países, según reportó la cobertura periodística del evento.
Una defensa de la soberanía energética en plena cumbre climática
Rodríguez sostuvo que Venezuela puede «crecer protegiendo y cuidando al mismo tiempo el ambiente», y presentó la explotación de hidrocarburos como «un gran motor para el desarrollo nacional». Además, destacó el papel de los bosques venezolanos como sumideros de carbono, al punto de afirmar que absorben más dióxido de carbono del que emite el país. Sin embargo, la mandataria no abordó el impacto de las emisiones derivadas del consumo del crudo venezolano en los mercados internacionales, un vacío analítico relevante, pues la huella de un exportador de combustibles fósiles no se mide solo por lo que ocurre dentro de sus fronteras.
Contexto: entre la presión climática y los incentivos externos
La posición venezolana contrasta con los llamados de otros líderes en la COP31 a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El contexto añade una capa de complejidad: Estados Unidos impulsa inversiones para incrementar la producción petrolera venezolana, país miembro de la OPEP, mientras Washington se mantiene fuera de la cooperación climática formal tras la salida ordenada el año anterior. Como resultado, la diplomacia venezolana opera en un escenario donde los incentivos económicos externos contradicen la retórica de transición energética.
El nudo financiero que define la cumbre
Las negociaciones en Antalya, inauguradas por el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, se enfrentan a un obstáculo central: la financiación. Expertos en diplomacia climática advierten que muchos países en desarrollo condicionan sus planes climáticos a la llegada de recursos, y la presidencia turca —con apoyo de Australia— propone elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo energético para 2035, frente al 20 % actual. Esta meta exige inversiones masivas en generación, redes y almacenamiento, justo cuando un informe de la ONU de octubre advirtió que el planeta se encamina a superar el umbral de 1,5 °C del Acuerdo de París. La postura de Venezuela ilustra, en suma, la tensión estructural de la cumbre: ampliar la oferta fósil mientras se negocia cómo financiar su sustitución.
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