A una década del Acuerdo de Paz con las Farc: reincorporación exitosa, justicia y verdad aún en deuda

Diez años después de la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las Farc, el balance presenta una paradoja que define la complejidad del posconflicto: mientras la reintegración de excombatientes se consolida como un logro reconocido internacionalmente, los pilares de justicia, verdad y reparación permanecen estancados, según reporta la prensa colombiana al conmemorarse el décimo aniversario de la firma del 24 de noviembre de 2016.

Reincorporación: el pilar más sólido del Acuerdo

Los datos oficiales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) revelan que 10.962 de los 13.609 excombatientes firmantes continúan en la ruta de reincorporación, lo que equivale al 80,5 por ciento del total. Esta cifra ha llevado a que Naciones Unidas califique el proceso como un ejemplo mundial, con Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, afirmando que “esto sí fue y es un éxito”. Además, la entrega de más de 9.000 fusiles en 2016 marcó el punto de partida de un desmonte que transformó el mapa del conflicto armado en el país.

Sin embargo, la reincorporación enfrenta desafíos persistentes. De los 6.206 proyectos productivos en marcha, muchos carecen de sostenibilidad económica, y entre enero de 2017 y 2026 la Fiscalía registró 572 firmantes asesinados y más de 1.300 amenazas en su contra. Como resultado, en 2022 la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por las fallas en las garantías de seguridad, evidenciando que la protección estatal no ha cumplido sus compromisos.

Justicia transicional: entre la lentitud y la controversia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pieza central del modelo de justicia acordado, muestra resultados limitados: de 20.000 expedientes organizados en 11 macrocasos, solo ha emitido cuatro sentencias en firme en ocho años de operación —tres contra exintegrantes de la Fuerza Pública y una contra la antigua cúpula de las Farc—. Esta lentitud, sumada a la ausencia de investigaciones sobre las conexiones entre políticos y la guerrilla, ha convertido a la justicia transicional en uno de los asuntos de menor consenso social.

El contraste con la anterior jurisdicción de Justicia y Paz resulta revelador: mientras aquella procesó los crímenes del paramilitarismo, la JEP no ha explorado lo que se conoce como la ‘farcpolítica’, ni las relaciones de la guerrilla con gobiernos vecinos. A ello se suma que la entrega de bienes para reparación asciende a menos de 50.000 millones de pesos, frente a bienes anunciados por más de un billón, dejando a millones de víctimas sin resarcimiento efectivo.

Un nuevo mapa de la guerra

La incapacidad del Estado para ocupar los territorios abandonados por las Farc desmovilizadas permitió el fortalecimiento de grupos criminales que no buscan el poder nacional sino el control local del narcotráfico y la minería ilegal. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los integrantes de estos grupos pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a 29.062 en julio de 2026, un crecimiento del 90 por ciento. Este fenómeno, evidenciado en la crisis humanitaria del Catumbó en 2024, demuestra que la paz firmada no se tradujo en paz territorial.

Con una implementación general del 59,44 por ciento según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, la conclusión es clara: el Acuerdo de Paz transformó la naturaleza del conflicto, pero no lo eliminó. La reincorporación exitosa convive con la impunidad y la violencia, lo que exige del Estado una voluntad política sostenida para cerrar las brechas que diez años después siguen alimentando la guerra.

🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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