El gobierno de Abelardo De La Espriella puso punto final a la declaratoria de desastre nacional por variabilidad climática que había expedido la administración de Gustavo Petro en noviembre de 2024, y lo hizo acompañando el cierre con una medida poco habitual: la contratación de una auditoría externa para revisar cómo se administraron y ejecutaron los recursos del Plan de Acción Específico (PAE) asociado a esa contingencia. Según reporta la prensa colombiana, el decreto de retorno a la normalidad se firmó justo al cumplirse dos años de la declaratoria inicial, dentro de los plazos legales tras las dos prórrogas permitidas.
Un cierre con cuentas pendientes
La declaratoria original se emitió cuando el Fenómeno del Niño era todavía una posibilidad, con el objetivo de anticipar la atención de eventuales emergencias climáticas. Sin embargo, su aplicación más concreta llegó con el Frente Frío que azotó a Córdoba a inicios de este año, episodio que concentró las principales actuaciones bajo esa figura. El nuevo decreto no borra todo lo hecho: mantiene vigente el artículo 4 del Decreto 1372 de 2024, modificado por el Decreto 464 de 2026, que seguirá orientando las líneas de intervención y recuperación en las zonas afectadas. Además, se preserva el régimen especial por el Frente Frío y los planes de recuperación temprana, de modo que el retorno a la normalidad no interrumpe los proyectos en curso.
La auditoría como gesto político
El punto verdaderamente llamativo del decreto es el que ordena al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), a través de su sociedad fiduciaria, contratar una auditoría externa nacional o internacional con experiencia acreditada. El texto reconoce que esta revisión no reemplaza a la Contraloría, entidad que ejerce el control fiscal ordinario, lo que sugiere una intención política de marcar distancia con la gestión anterior. Como resultado, el cierre administrativo de la emergencia se convierte también en un corte de cuentas simbólico sobre la ejecución de la administración Petro, en línea con otras decisiones del nuevo gobierno orientadas a revisar lo heredado.
Contexto y posibles implicaciones
Conocedores de la ejecución de esta emergencia señalan que durante el gobierno anterior no hubo un traslado significativo de recursos para atender la contingencia, aunque al final de ese periodo se intentó gestionar la compra de paneles solares. Por lo tanto, la auditoría podría arrojar un panorama de subejecución más que de desvío de fondos, un matiz relevante para interpretar sus hallazgos. El precedente importa: la figura de la declaratoria de desastre permite contratación ágil y excepcional, y su uso anticipado —antes de que el fenómeno se materializara— deja abierta la pregunta sobre la proporcionalidad entre la alerta y los recursos movilizados. La auditoría externa, en ese sentido, no solo revisa contratos: sienta un precedente sobre cómo el Estado colombiano rinde cuentas cuando activa instrumentos excepcionales frente al clima.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















