El Gobierno colombiano ha puesto sobre la mesa una de las apuestas más ambiciosas de su historia reciente en materia económica. Según las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, los inversionistas que se acojan a un nuevo régimen obtendrían dieciséis años de estabilidad en las reglas del impuesto de renta y del patrimonio. Se trata de la herramienta central con la que el Ejecutivo pretende elevar la inversión al 25 por ciento del PIB en 2030 y alcanzar un crecimiento económico del 6 por ciento anual, de acuerdo con lo reportado por fuentes periodísticas.
Un diagnóstico preocupante como punto de partida
El documento parte de una realidad incómoda: la inversión en Colombia equivale hoy al 16,1 por ciento del PIB, muy lejos del 24 por ciento registrado en 2014. Como resultado de esa caída, el crecimiento potencial del país se sitúa por debajo del 3 por ciento, una cifra que el propio Gobierno considera insuficiente para reducir la pobreza y generar empleo de calidad. Además, la comparación histórica resulta reveladora: entre 2006 y 2015 la economía creció un 4,6 por ciento anual, mientras que en la última década el promedio fue de apenas 2,5 por ciento, o de 2,0 si se excluyen los años de pandemia. Por lo tanto, la meta del 6 por ciento supera incluso el dinamismo alcanzado en la época de mayor bonanza del país.
El Ruge y las nuevas empresas cívicas
El régimen propuesto se denomina Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge) y blindaría a quienes invierten a largo plazo frente a cambios tributarios. El acceso dependerá de condiciones objetivas, compromisos verificables y montos mínimos diferenciados según el sector, entre ellos infraestructura, energía, agroindustria y turismo. En paralelo, el plan contempla la creación de las Nuevas Empresas Cívicas del Capitalismo Popular (NEC), compañías privadas de gran escala abiertas a ciudadanos, trabajadores y productores como accionistas, con el Gobierno en un papel de orientación y garantía institucional. Para financiar estas iniciativas se propone un banco de proyectos y el programa ‘Capital para crecer’, orientados a promover créditos de largo plazo.
Obras, licencias y la cuenta fiscal
El plan organiza el desarrollo en trece regiones y seis sectores motores, e incluye 119 megaproyectos por más de 150 billones de pesos, concentrados en su mayoría en transporte, telecomunicaciones y minas y energía. Asimismo, propone reformar el licenciamiento ambiental con plazos obligatorios y silencio administrativo positivo. Sin embargo, el frente fiscal plantea serias tensiones: sin ajuste, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría a 4,4 por ciento del PIB en 2030 y la deuda a 82,1 por ciento, superando el ancla de 55 por ciento y el límite de 71 por ciento de la Regla Fiscal. Por ello, el Ejecutivo propone estabilizar la deuda en 64 por ciento del PIB mediante recortes del gasto operativo y mayor progresividad tributaria. El éxito de esta estrategia dependerá, en última instancia, de que la confianza inversora se traduzca en capital efectivo y no solo en incentivos sobre el papel.
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