La representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, enfrenta un escándalo por la presunta presentación de títulos académicos y una licencia minera falsos, según reporta El Tiempo. El caso salió a la luz tras errores cometidos en un debate de la Comisión Segunda sobre tierras raras, donde su desempeño evidenció inconsistencias en la formación que decía poseer, incluido un grado de ingeniería minera de la Universidad Nacional de Medellín. La empresa Apolo, que la contrató en 2024, confirmó que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por falsedad documental.
El dilema jurídico: ¿Corte Suprema o Fiscalía?
El primer interrogante que plantea este caso es la jurisdicción competente para investigar a la congresista. Como explica el abogado penalista Francisco Bernate, mientras Estrada conserve su curul, la Corte Suprema de Justicia es la instancia encargada por su condición de aforada constitucional. Sin embargo, si renuncia y esta es aceptada, lo más probable es que la investigación pase a la Fiscalía, dado que el uso del título habría ocurrido antes de llegar al Congreso y no tendría relación directa con sus funciones legislativas. Bernate aclara que la Corte podría conservar competencia si aparecen hechos vinculados a su actividad como representante.
La disputa por la curul: ¿silla vacía o reemplazo?
El segundo gran interrogante es qué ocurrirá con el escaño. Para Bernate, la presunta falsedad del diploma, por sí sola, no impediría que otro integrante de la lista asuma la curul. El exmagistrado del CNE Renato Contreras coincide: el artículo 134 de la Constitución solo impide el reemplazo en casos de delitos relacionados con grupos armados, narcotráfico, lesa humanidad o mecanismos de participación democrática, y la falsedad documental pertenece a los delitos contra la fe pública. En contraste, Hernando Herrera, director de Excelencia a la Justicia, sostiene que sí hay méritos para aplicar la silla vacía, pues los títulos falsos se usaron para obtener un contrato con la DIAN, lo que podría enmarcarse en delitos contra la administración pública.
Implicaciones para el Pacto Histórico
El desenlace de este caso tiene un peso estratégico para la colectividad. Si se impone la silla vacía, el Pacto Histórico perdería una curul clave en una comisión de interés para el estudio de temas de Fuerza Pública y acuerdos internacionales. Además, el escándalo se suma a una serie de controversias que afectan la imagen del movimiento, lo que podría tener consecuencias electorales. La rapidez y transparencia con que la colectividad maneje la situación serán determinantes para contener el daño político.
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