El anuncio de una posible presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano para ejecutar operaciones conjuntas contra el narcotráfico abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. La propuesta, que según reporta El Tiempo fue abordada durante la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, no depende únicamente de la voluntad política del Ejecutivo: la Constitución colombiana exige que cualquier decisión de esta naturaleza pase por el Congreso, específicamente por el Senado de la República.
El marco constitucional: dos instancias obligatorias
El numeral cuarto del artículo 173 de la Constitución Política establece que corresponde al Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Sin embargo, el trámite no termina allí. El artículo 237, numeral tercero, obliga al Gobierno a consultar previamente al Consejo de Estado en casos de tránsito, estacionamiento o paso de tropas y aeronaves de guerra extranjeras. Según explicó el exconsejero de Estado Carlos Zambrano, ese concepto debe ser emitido por la Sala Plena del Consejo de Estado —integrada por 31 consejeros— y no por una sala menor, lo que añade un filtro técnico y jurídico de peso antes de llegar al Legislativo.
Una sola vía legislativa o cuatro debates
El expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán coincide en que la ruta pasa inexorablemente por el Congreso y recordó que en 1994 el Consejo de Estado pidió investigar al entonces presidente César Gaviria por autorizar la presencia de 156 soldados estadounidenses sin permiso del Senado. El precedente más relevante, sin embargo, es el fallido intento de Álvaro Uribe de permitir el uso de bases colombianas por fuerzas militares estadounidenses: la Corte Constitucional determinó entonces que ese acuerdo no encajaba en los pactos militares suscritos desde 1952, sino que constituía un acuerdo diplomático nuevo que debía pasar por cuatro debates en el Congreso. Esa distinción es clave, pues si la propuesta actual se enmarca como un acuerdo nuevo, el trámite se vuelve más complejo y vulnerable políticamente.
El panorama político: un rechazo que se anticipa
El canciller Omar Bula defendió la iniciativa como una alianza soberana que sumaría capacidades tecnológicas y tácticas contra estructuras criminales, y llamó al Legislativo a darle trámite expedito. No obstante, El Tiempo consultó a distintos sectores y encontró que aún no hay posiciones de bancada consolidadas, aunque la oposición y varios sectores independientes ya anticiparon su voto negativo. Como resultado, independientemente de la ruta que se elija, la propuesta enfrenta un escenario adverso en el Congreso, lo que sugiere que el debate trascenderá la discusión técnica sobre soberanía y se convertirá en una disputa política de fondo sobre el alcance de la cooperación militar con Washington.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















