Salario mínimo 2027 en Colombia: qué hacer y qué sanciones enfrenta su empleador si no aplica el aumento obligatorio

La mesa de concertación para definir el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia a partir de enero de 2027 instaló sus primeras sesiones el pasado 18 de noviembre, con la participación del Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. Según reportan fuentes del proceso, el objetivo es acordar el porcentaje de ajuste que entrará en vigor el próximo año. Sin embargo, más allá de la negociación tripartita, persiste una duda recurrente entre los trabajadores: qué mecanismos existen cuando la empresa omite aplicar el reajuste obligatorio y a qué sanciones se expone.

Un derecho respaldado por la ley y la Constitución

El artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo define el salario mínimo como aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para cubrir sus necesidades normales y las de su familia en el orden material, moral y cultural. Este principio se refuerza en el artículo 53 de la Constitución Política, que garantiza una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Cuando una empresa omite el incremento obligatorio, vulnera directamente las garantías de sus empleados, lo que activa una serie de rutas de reclamación y posibles sanciones.

Ruta de reclamación: del diálogo con el empleador al Ministerio del Trabajo

De acuerdo con el portal especializado Asuntos Legales, el primer paso consiste en presentar un reclamo formal ante el empleador, solicitando el ajuste inmediato y el pago retroactivo de los montos adeudados desde el primero de enero. Si la compañía se niega, el trabajador puede denunciar la irregularidad ante el Ministerio del Trabajo, entidad facultada para abrir una averiguación, multar a la organización y exigirle ponerse al día. El artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo respalda estas facultades: los inspectores pueden citar a los empleadores, revisar libros, registros y planillas, e incluso ingresar sin previo aviso a las instalaciones para verificar los pagos.

Límites de la intervención administrativa

Sin embargo, la misma norma aclara que los funcionarios del Ministerio no tienen competencia para declarar derechos individuales ni resolver disputas que corresponden exclusivamente a un juez. Su rol en estos casos se limita a actuar como conciliadores para buscar un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, si la empresa persiste en su negativa, el afectado puede acudir a un juez laboral mediante una demanda ordinaria, recurso que prescribe a los tres años. Esta vía judicial permite exigir las diferencias salariales, el reajuste de prestaciones sociales y la indexación de las sumas adeudadas.

Sanciones económicas que pueden alcanzar los 5.000 salarios mínimos

Las empresas que evadan el reajuste salarial se exponen a sanciones económicas que, según el artículo 7 de la Ley 1610 de 2013, pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El monto final se calcula evaluando la severidad de la falta y la cantidad de empleados perjudicados. Desde una perspectiva de gestión laboral, este esquema sancionatorio busca disuadir prácticas recurrentes en segmentos empresariales donde el cumplimiento se posterga, y refuerza la importancia de que los departamentos de recursos humanos verifiquen la aplicación del ajuste desde el primer día del año.

🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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