El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, estableció una postura firme frente a la jornada de movilizaciones convocada para el jueves 19 de noviembre, al señalar que, aunque respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica, no permitirá alteraciones al orden público. Según reportó El Tiempo, el mandatario realizó un recorrido por Bogotá y Cali para verificar la normalidad en ambas ciudades, desde donde envió un mensaje contundente: “El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo; ese es un derecho que reconoce la Constitución, pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano”.
Contexto de la jornada de protestas
Las manifestaciones fueron convocadas por centrales obreras, organizaciones sociales y sectores de oposición en rechazo a la reforma tributaria y la ley de ajuste fiscal impulsada por el Ejecutivo. Además, los convocantes protestaron contra el balance de los primeros 100 días del gobierno De La Espriella. La movilización coincide con una semana clave en el Congreso, donde las comisiones económicas conjuntas aceleraron el cronograma de audiencias públicas y entraron en sesión prácticamente permanente para votar la reforma fiscal, lo que añade presión política al escenario de calle.
Despliegue institucional y respuesta estatal
El mandatario subrayó que su prioridad es salvaguardar a los “ciudadanos de bien” y evitar la paralización de actividades económicas y educativas. “Tenemos presencia de toda la fuerza pública en todo el territorio nacional. Vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado”, afirmó. Como resultado, la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), antigua Esmad, fue desplegada para dispersar concentraciones en la carrera Séptima con calle 46 en Bogotá, mientras TransMilenio reportó el cierre de algunas estaciones en la troncal de la calle 26 y la NQS. Asimismo, en la mañana se intervino la vía Panamericana, que conecta Popayán con Cali, para restablecer el paso vehicular.
Análisis de impacto y perspectivas
La estrategia del gobierno combina el reconocimiento formal del derecho a la protesta con una advertencia explícita sobre las consecuencias de bloquear vías, lo que sugiere un enfoque de tolerancia cero hacia perturbaciones del orden. Este posicionamiento podría interpretarse como un intento de enviar señales de firmeza tanto a los manifestantes como a los mercados y actores políticos en medio del debate fiscal. Sin embargo, la simultaneidad de las marchas con la discusión legislativa plantea un riesgo de escalada si las demandas sociales no encuentran cauce institucional. Según fuentes oficiales, en Cali y Bucaramanga se reportó normalidad durante la jornada, aunque la situación en Bogotá permanecía bajo monitoreo.
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