La historia de Olga Lucía Peñuela, asesinada el 5 de diciembre de 2024 en Caicedonia, Valle, sigue sin cerrarse para sus familiares. Su expareja, Diego Murillo Ramírez, de 32 años, fue detenido en marzo de 2025 y permanecía recluido en la Estación de Policía de Armenia, pero el pasado 3 de noviembre se fugó junto a otros dos presos aprovechando la evacuación preventiva por el temblor de magnitud 5,6 que sacudió al país. Según reportan las autoridades, los tres reclusos escaparon a las 4:15 de la mañana, y no fue hasta el mediodía cuando se percataron de su ausencia.
Una cadena de fallos que expone a las víctimas
El caso de Murillo Ramírez revela una preocupante acumulación de errores institucionales. En 2015 fue condenado a 18 años por el feminicidio de su entonces novia, Tatiana Andrea Grueso Calderón, a quien asfixió en Bogotá. Sin embargo, tras ocho años de reclusión obtuvo una rebaja de pena y el beneficio de prisión domiciliaria en 2023. Al año siguiente conoció a Peñuela por redes sociales, le ocultó su pasado delictivo y, cuando ella terminó la relación tras descubrir la verdad, la atacó con arma blanca en plena vía pública, hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad. La familia denuncia que envió varias cartas para que fuera trasladado a una cárcel, pero permaneció pasando de URI en URI desde su captura.
Miedo, amenazas y una recompensa sin resultados
Andrea Romero Peñuela, hija de la víctima, relató que desde la fuga han recibido llamadas sospechosas y temen por sus vidas, pues son testigos en el proceso judicial. La Alcaldía de Armenia y la Policía ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos —10 millones por cada fugado—, pero hasta el momento no se ha establecido el paradero de los sindicados. Junto a Murillo escaparon Mateo Stiven Correa, alias ‘Petete’, investigado por homicidio y tráfico de armas, y Jefferson Ferney Laverde, también por homicidio. El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, aseguró que se trabaja de manera articulada con la Policía Nacional para ubicarlos.
Un patrón que se repite en Colombia
Este caso ilustra una problemática estructural: la violencia feminicida que atraviesa las fronteras de la sanción penal. La decisión de otorgar beneficios penitenciarios a agresores reincidentes, sumada a la precariedad de las instalaciones de retención transitoria, configura un escenario de riesgo previsible para las víctimas y sus familias. Resulta significativo que la fuga se produjera durante una evacuación de emergencia, lo que sugiere deficiencias en los protocolos de custodia. Las autoridades insisten en que la ciudadanía aporte información a través de las líneas 123 y 167, mientras una familia espera que la justicia no vuelva a fallarle.
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