Un grupo de figuras del centro político colombiano presentó su sexto manifiesto conjunto, en el que fija una posición crítica sobre la estrategia de seguridad del país y reclama una hoja de ruta clara, rigurosa y financieramente viable. El documento, firmado por exministros como Alejandro Gaviria, Cecilia López, Camilo Reyes, Juan Daniel Oviedo, Moisés Wasserman y Juan Camilo Restrepo, advierte que la mayor parte de las amenazas actuales no provienen de un conflicto militar externo, sino de organizaciones criminales que operan dentro del territorio nacional.
Un diagnóstico que reorienta prioridades
Según el manifiesto, resulta urgente expedir un documento integral de Defensa y Seguridad Nacional que defina prioridades, objetivos y recursos. Los firmantes sostienen que no existe hoy una amenaza militar externa que justifique orientar la mayor parte del gasto hacia ese escenario, y que las amenazas más graves son internas. Además, el texto incorpora un elemento que suele quedar fuera del debate tradicional: la protección frente a ataques cibernéticos capaces de afectar infraestructuras críticas, sistemas de pagos, telecomunicaciones o transporte, actores que podrían ser puramente delincuenciales.
Inversión en capacidades reales, no en guerras improbables
Como resultado de ese diagnóstico, el centro político propone al Gobierno descartar la adquisición de capacidades concebidas para una guerra convencional internacional altamente improbable. En su lugar, recomienda concentrar los recursos en transporte estratégico, inteligencia digital, uso de drones, formación de personal, reentrenamiento de cuadros y fortalecimiento de la articulación entre la Policía y la Fiscalía. Asimismo, plantean que reducir las rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión exige alternativas de ingreso y desarrollo productivo para las comunidades afectadas.
Condiciones institucionales y respaldo a la reforma carcelaria
El documento también fija dos condiciones para que funcione cualquier modelo de sometimiento a la justicia: mantener vigente la adhesión de Colombia a la Corte Penal Internacional y exigir a la Justicia Especial para la Paz (JEP) mayor celeridad y eficacia. En materia penitenciaria, los firmantes respaldan de forma unánime la idea del Ejecutivo de transformar el modelo carcelario, con fortalecimiento de la guardia, mecanismos para impedir comunicaciones ilícitas y mejores sistemas de control interno. Finalmente, subrayan que la seguridad debe complementarse con esfuerzos sostenidos en educación, justicia, infraestructura, empleo y fortalecimiento institucional en las regiones más vulnerables.
Análisis de impacto
La propuesta tiene una implicación práctica relevante: si el Gobierno adopta este enfoque, el debate presupuestal de defensa dejaría de girar alrededor de compras de material bélico convencional y se trasladaría hacia tecnología, inteligencia y capacidades cibernéticas. Sin embargo, el éxito de esa reorientación depende de la capacidad institucional para ejecutar recursos en regiones donde la presencia del Estado es débil, un patrón que ha limitado estrategias similares en el pasado.
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