En un fallo que marca un precedente para la regulación digital en América Latina, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de una demanda interpuesta por Google contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), confirmando así las órdenes que obligan a la multinacional a proteger los datos personales de los menores de edad en Colombia. La sentencia, fechada el 5 de noviembre, valida las resoluciones emitidas por la entidad entre 2020 y 2021, estableciendo que la normativa nacional aplica a empresas extranjeras si la recolección de información ocurre en el territorio.
El principio de territorialidad en la era digital
El núcleo del conflicto jurídico se centró en la aplicabilidad de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Google argumentó que, al estar domiciliada en California y carecer de presencia física o legal en Colombia, la SIC no podía exigirle el cumplimiento de la ley local. Sin embargo, el Tribunal determinó que el artículo 2 de dicha norma establece un ‘criterio objetivo’ basado en el lugar donde se efectúa el tratamiento de los datos. Según fuentes judiciales, aunque el almacenamiento ocurre en servidores extranjeros, la recolección se ejecuta en Colombia mediante cookies e identificadores en los dispositivos de los usuarios.
Esta interpretación resulta crucial en un contexto global donde las fronteras físicas se difuminan. Como resultado, se sienta un precedente sobre la soberanía digital: las plataformas globales no pueden operar bajo un vacío legal respecto a la privacidad de los ciudadanos locales. La decisión subraya que la protección de datos es un derecho fundamental que trasciende la ubicación de los servidores.
El interés superior del menor y las limitaciones tecnológicas
La disputa también evidenció las deficiencias de las herramientas de control parental de Google frente al estándar legal colombiano. El fallo enfatizó que el artículo 44 de la Constitución y el Código de la Infancia reconocen a los menores con un “interés superior”, requiriendo autorización previa de sus representantes legales. El Tribunal advirtió que herramientas como Family Link y YouTube Kids resultan insuficientes, pues la primera solo cubre hasta los 13 años, permitiendo que adolescentes administren sus cuentas sin supervisión posterior.
Además, se cuestionó que los términos de servicio se basen en la declaración del menor sobre tener permiso parental, sin verificar una prueba real de consentimiento. Los datos son contundentes: en febrero de 2020, Google reportó que 1.847.592 cuentas de menores y cerca de 39 millones de adultos usaron sus servicios desde Colombia en solo 28 días. Por lo tanto, la magnitud de la recolección de información infantil exige mecanismos de verificación robustos y adaptados a la realidad local.
Implicaciones para el ecosistema tecnológico regional
La decisión de mantener en firme las cuatro órdenes de la SIC —informar claramente, adoptar políticas locales, registrar bases de datos y obtener permiso parental efectivo— no constituye una sanción, sino una medida de adecuación. Esto implica que Google deberá ajustar sus procesos operativos en el país, lo que podría generar fricciones con su modelo global de gestión de datos. Sin embargo, este caso se alinea con una tendencia creciente en la región: autoridades como la brasileña ANPD o la mexicana INAI están endureciendo sus posturas frente a las Big Tech.
El fallo no solo valida la actuación de la SIC, sino que envía un mensaje disuasorio a otras plataformas: la protección de datos personales es una condición no negociable para operar en Colombia. A medida que la economía digital se expande, la capacidad de los Estados para hacer cumplir sus leyes en el ciberespacio se convierte en un pilar de la confianza pública y la seguridad jurídica.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















