El presidente Abelardo De La Espriella presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de regalías en Barrancabermeja, en lo que constituye el primer movimiento de un plan gubernamental de lucha contra la corrupción que, según anunció, se repetirá semanalmente. El mandatario acudió personalmente al búnker del ente investigador para radicar la denuncia, que involucra más de 119.000 millones de pesos presuntamente adjudicados de forma irregular durante la época electoral.
El entramado detrás de los contratos
De acuerdo con la denuncia expuesta por el primer mandatario, la alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos de regalías a Foncolombia, un fondo mixto que opera bajo normas de derecho privado. A través de ese vehículo se adjudicaron siete procesos contractuales que, según De La Espriella, no fueron publicados en la plataforma Secop II, lo que impidió el control ciudadano sobre las contrataciones. La alerta presidencial señala además que seis de esos siete procesos contaron con un único oferente, una señal clásica de posible direccionamiento contractual.
Beneficiarios y delitos que se configurarían
Según lo relatado por el presidente, cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en empresas vinculadas a Jorge Humberto Beltrán, conocido como ‘el Bachiller’. Los contratos abarcaban vías, instituciones educativas y proyectos de energía solar. A partir de estos hallazgos, el Ejecutivo advirtió que podrían configurarse delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, acuerdos para restringir la competencia, tráfico de influencias, prevaricato por acción e intervención en política de funcionarios públicos. Paralelamente, se radicó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posible colusión entre las empresas postulantes.
Una estrategia de confrontación institucional
El caso adquiere relevancia porque marca el tono de una política anunciada: De La Espriella afirmó que las denuncias “se van a volver muy comunes” y que las presentará cada semana ante la Fiscalía y, cuando haya aforados, ante la Corte Suprema. La elección de Foncolombia como eje del presunto desvío ilustra un patrón conocido en la contratación pública colombiana: el uso de fondos mixtos para eludir los controles de transparencia. Como resultado, el desafío para las autoridades será determinar si existió una red organizada o si se trata de fallas administrativas aisladas. El respaldo del Ejecutivo a la secretaria de Transparencia, la exmagistrada Cristina Lombana, sugiere que la estrategia busca institucionalizar el seguimiento más que limitarse a un caso puntual.
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