Más de 1.000 tenderos de diversas regiones de Colombia han solicitado formalmente al Gobierno y al Congreso revisar el alcance de los llamados impuestos saludables, que actualmente gravan bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. La petición, dirigida también al presidente Abelardo De La Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo, no se limita a frenar la ampliación prevista en la reforma tributaria: los comerciantes buscan la eliminación total de estos gravámenes vigentes desde noviembre de 2023.
El peso económico de los impuestos saludables en las tiendas de barrio
Según las cifras presentadas por los comerciantes, los productos que hoy pagan estos impuestos representan cerca de uno de cada tres pesos que ingresan diariamente a una tienda de barrio. Esta dependencia estructural explica la preocupación del sector: “Cuando al barrio le alcanza menos, a la tienda también le alcanza menos”, señalan en la carta. Además, más de la mitad de los tenderos consultados reportan que sus clientes disponen de menos recursos para comprar, y casi la mitad indica que su negocio se ha vuelto menos rentable desde la implementación del tributo.
Contexto fiscal y alternativas en debate
La solicitud llega en un momento delicado para las finanzas públicas colombianas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que los cambios al IVA de la canasta básica, agroinsumos y planes de medicina prepagada quedarían fuera del proyecto, que contempla una reducción del gasto de 23,7 billones de pesos. Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, respaldó la decisión de retirar los ajustes al IVA, pero advirtió que siguen sobre la mesa la ampliación de los impuestos saludables y el aumento al impuesto de la cerveza. Como alternativas, Cabal propuso cobrar IVA a compras pequeñas del exterior y aplazar la rebaja de la tarifa de renta empresarial del 35 al 31 por ciento, medida que evitaría una pérdida de recaudo estimada en 6 billones de pesos.
Implicaciones para el consumo popular y la estructura tributaria
El debate trasciende la disputa entre tenderos y Gobierno. Los expertos coinciden en que estos impuestos recaen finalmente sobre los consumidores, no sobre las empresas, lo que genera un efecto regresivo sobre los hogares de menores ingresos. La petición de los tenderos plantea una pregunta de fondo: ¿es eficiente extender un gravamen sin evaluar previamente sus resultados en recaudo y su impacto social? El Congreso enfrenta ahora la disyuntiva entre compensar el déficit fiscal con nuevas fuentes de ingreso o aliviar la carga tributaria que afecta directamente al comercio de barrio, un sector que, según las cifras presentadas, opera con márgenes cada vez más estrechos.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















