La Policía Nacional de Colombia emitió un comunicado oficial en el que sostiene que, con la información disponible hasta el momento, “no es posible establecer una relación directa” entre el fallecimiento de Ivonne Fernanda Parra Díaz, una joven de 28 años con síndrome de Down y problemas respiratorios, y el operativo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) realizado durante las movilizaciones del 19 de noviembre en El Bordo, municipio de Patía, Cauca. Según la versión institucional, la joven ingresó a un centro asistencial a las 4:31 de la madrugada del viernes 20 de noviembre y falleció a las 5:56 a. m., horas después de que concluyera la intervención policial.
La versión oficial del operativo
De acuerdo con el pronunciamiento de la institución, los uniformados adelantaron un procedimiento en zona rural de El Bordo tras ser atacados con artefactos explosivos improvisados conocidos como “papas bomba”. La Policía aseguró que al cierre del operativo, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) no se reportaron personas lesionadas, ni civiles ni uniformados. Además, la entidad reiteró su disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades médico-legales, a quienes corresponde determinar las causas del deceso y si existe algún vínculo con los hechos de la tarde anterior.
Denuncias de organizaciones sociales y pronunciamiento de la ONU
La respuesta institucional llegó después de que la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas del Cauca denunciara presuntos abusos de autoridad. Según ese boletín, hacia las 5:10 p. m. del jueves, integrantes de la Unidad Antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos cerca de las instalaciones del D1, sobre la vía Panamericana, y habrían ignorado la solicitud de un corredor humanitario para evacuar a la joven. A estas denuncias se sumó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que expresó solidaridad con la familia y pidió esclarecer los hechos “de forma independiente y a la mayor brevedad”.
Un caso que aviva el debate sobre el uso de la fuerza
El contraste entre ambas versiones plantea una tensión que excede el caso individual: la ausencia de reportes oficiales de lesionados frente a los relatos de testigos y organizaciones sociales sugiere fallas en los mecanismos de verificación y rendición de cuentas durante operativos de control de disturbios. Como resultado, el caso probablemente reforzará los cuestionamientos sobre los protocolos del Esmad en zonas con presencia de población vulnerable, un patrón que ya ha generado alertas previas de organismos internacionales. La investigación médico-legal será determinante no solo para esclarecer la muerte de Parra Díaz, sino también para medir la credibilidad de los canales de diálogo humanitario que la institución dice mantener abiertos.
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