Un grupo de 17 pescadores ecuatorianos presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos en una corte federal de Pensilvania, acusando al Ejecutivo de Donald Trump de perpetrar un ataque con drones militares contra su embarcación y de posteriormente secuestrarlos y torturarlos, según el escrito examinado por la agencia EFE.
Fundamentos de la querella
La demanda sostiene que el Gobierno estadounidense causó intencionalmente angustia emocional, agresión y lesiones, detención ilegal y destrucción de propiedad privada. Los demandantes exigen una compensación económica por los daños sufridos y solicitan a la corte que ordene la suspensión de este tipo de ataques en el Caribe y el Pacífico. El abogado Daniel M. Kovalik, representante de los pescadores, calificó el ataque como “extremo e indignante” y subrayó que ninguno de los afectados tenía vínculos con grupos narcotraficantes o terroristas.
Los hechos del 17 de marzo
Según el documento, la embarcación Negra Francisca Duarte II navegaba de regreso a Manta tras dos semanas de pesca frente a las islas Galápagos cuando fue interceptada por la Marina de Ecuador, que inspeccionó el barco durante aproximadamente tres horas y permitió continuar su ruta. Ese mismo día, dos drones armados lanzaron bombas que incendiaron la nave. Los pescadores Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay resultaron gravemente heridos con quemaduras en piernas, brazos y espalda. La tripulación saltó al mar y nadó hasta botes de emergencia, donde fueron recogidos por una embarcación con tripulantes armados que hablaban inglés y vestían uniformes con la bandera estadounidense.
Contexto y precedentes legales
El ataque se enmarca en la denominada Operación Lanza del Sur, una campaña de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según la organización WOLA, ha dejado al menos 227 muertos. El Pentágono ha defendido estas acciones como parte de la lucha contra el narcoterrorismo, aunque tanto esa institución como el Comando Sur negaron estar involucrados en el ataque contra los pescadores. Esta es al menos la segunda querella presentada en tribunales estadounidenses por afectados de esta operación: en octubre, familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago fallecidos en un ataque con misil también demandaron al Gobierno ante una corte de Massachusetts.
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