Una empresa en Colombia destina en promedio 2.620 horas al año a diligencias administrativas, una cifra equivalente al trabajo de más de una persona de tiempo completo, según estimaciones de Corficolombiana recogidas en el Informe Nacional de Competitividad (INC) 2026-2027 del Consejo Privado de Competitividad (CPC). Este dato, reportado por fuentes periodísticas, revela una dimensión estructural del problema: la tramitomanía no solo retrasa proyectos, sino que consume recursos productivos que podrían destinarse a innovación, expansión o generación de empleo.
Cuellos de botella sectoriales: minería, agro, infraestructura y comercio
El informe identifica obstáculos recurrentes en sectores clave de la economía colombiana. En minería, las licencias ambientales tardan en promedio 294 días, más otros 113 días de suspensión, según el Monitor del Licenciamiento Ambiental de Consga, que revisó 315 trámites ante la ANLA entre 2022 y junio de 2026. La minería presenta la menor tasa de aprobación, con solo 55,6 por ciento, lo que evidencia una brecha entre la demanda de permisos y la capacidad institucional de respuesta. Además, la dispersión de criterios entre las 33 corporaciones autónomas regionales (CAR) agrava la incertidumbre para los inversionistas.
En el agro, la vigilancia de alimentos está fragmentada entre el ICA y el Invima, generando duplicidad de inspecciones y costos de laboratorio duplicados en cadenas como la láctea y la cárnica. El registro sanitario y fitosanitario, con más de tres décadas sin actualizarse, obliga a repetir estudios ya aprobados por agencias internacionales, retrasando la llegada de insumos y fertilizantes. En infraestructura, los proyectos ante la ANLA tardan 270 días en promedio y solo seis de cada diez son aprobados; además, de los 941 proyectos inscritos en el registro nacional de APP hasta mayo de 2026, el 69,6 por ciento fue rechazado, desistido, declarado desierto o fallido.
Impacto diferenciado en las pymes y el comercio exterior
El peso del papeleo recae con mayor intensidad sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. En una microempresa, cerca del 15 por ciento del personal podría dedicarse exclusivamente a tareas administrativas, según el informe. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, señala que el exceso de trámites, la duplicidad de requisitos y los tiempos de espera para autorizaciones constituyen uno de los mayores obstáculos para operar, invertir y crecer. El CPC describe un “precipicio de formalidad”: a medida que una empresa crece, las obligaciones tributarias, laborales y administrativas le llegan simultáneamente, sin distinción por tamaño o riesgo real de la actividad.
En comercio exterior, Santiago Pardo, presidente de Analdex, advierte que las demoras en el sistema informático de la DIAN elevan los costos de almacenamiento y retrasan el abastecimiento. La modernización tecnológica de la entidad, iniciada en 2022 para reemplazar plataformas como el Sistema de Gestión Aduanera, aún no culmina, lo que mantiene a Colombia en desventaja frente a países con tiempos de despacho más cortos y predecibles.
Análisis de impacto: certidumbre regulatoria como condición para la inversión
Más allá de la simplificación administrativa, el informe subraya la necesidad de estabilidad regulatoria. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) sostiene que el mayor freno no son los trámites sino la incertidumbre sobre las reglas de juego, y señala que en el Gobierno anterior se expidieron más de 150 disposiciones que afectaron al sector. El CPC propone un régimen de licenciamiento diferenciado para cobre, níquel y litio, similar al de Chile y Perú, que reconozca que estos proyectos tardan hasta 15 años en madurar y que blinde las reglas frente a cambios de gobierno.
Las recomendaciones del informe apuntan a una lógica de proporcionalidad regulatoria: ajustar la complejidad de cada trámite al riesgo real de la actividad, reglamentar la “Escalera de la formalidad” creada por la Ley 2254 de 2022, establecer una ventanilla única y unificar el control sanitario en el ICA “desde la granja hasta la mesa”. Como resultado, la evaluación de productos de riesgo intermedio podría pasar de meses a entre 30 y 45 días. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas dependerá de la capacidad institucional y de la voluntad política para sostenerlas en el tiempo, un factor que, según los gremios, sigue siendo el eslabón más frágil de la competitividad colombiana.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















