La madrugada del domingo 15 de noviembre quedó marcada en el barrio Villanueva de Cali por un episodio que las autoridades locales califican como evitable. Nueve menores de edad infractores se fugaron del Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor tras violentar las láminas del techo y burlar la vigilancia del recinto, según confirmaron los primeros reportes oficiales. El hecho no solo desató un operativo de búsqueda inmediato, sino que puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué las advertencias de la comunidad no fueron atendidas a tiempo?
Una fuga anunciada por los vecinos
De acuerdo con las versiones recogidas por la Personería de Cali, los residentes del sector habían manifestado su preocupación por la evidente fragilidad de la cubierta del centro y la escasa capacidad de contención del lugar. Los ruidos inusuales en la parte superior de las instalaciones durante la madrugada confirmaron los temores: los jóvenes retiraron varias láminas para concretar la evasión. Este patrón revela un problema de fondo que trasciende el incidente puntual, pues sugiere que los mecanismos de supervisión y mantenimiento del ICBF presentaban vulnerabilidades conocidas pero no corregidas.
Exigencias del Ministerio Público
El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, acudió al lugar y fue enfático al señalar que la fuga “evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos”. Entre las medidas solicitadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) destacan la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos, la habilitación de la garita posterior y el reforzamiento del muro perimetral. Asimismo, se pidió articular con el Dagma la poda preventiva de la vegetación circundante, ya que esta facilita el ocultamiento de los evadidos y dificulta las labores de búsqueda.
Implicaciones para la seguridad del sector
Más allá de la búsqueda activa que mantienen las autoridades, el caso plantea interrogantes sobre la gestión de los centros de reclusión para menores en el país. La coincidencia entre las alertas vecinales y el desenlace de los hechos apunta a una desconexión entre la comunidad y las entidades responsables de la infraestructura. Si bien el ICBF no se ha pronunciado públicamente sobre las solicitudes, la presión del Ministerio Público y la vigilancia ciudadana serán determinantes para que este episodio derive en reformas concretas y no en una fuga más sin consecuencias institucionales.
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