La congresista electa por Antioquia, Luz Verónica Estrada, enfrenta un escándalo por presunta falsificación de títulos académicos que ha puesto en entredicho la credibilidad del Pacto Histórico. Según reporta El Tiempo, el caso no solo cuestiona la trayectoria de la representante, sino que expone las redes de padrinazgo político que impulsaron su vertiginoso ascenso en el departamento, un entramado que ahora sus propios aliados intentan desmarcar.
De Caramanta al Congreso: la ruta del respaldo político
El recorrido de Estrada comenzó en el municipio antioqueño de Caramanta, donde políticos locales la conectaron con dirigentes del Pacto Histórico. Según fuentes del diario, un espacio en una asamblea previa de Colombia Humana la catapultó a la consulta interna del 26 de octubre de 2025, donde obtuvo más de 7.000 votos y el segundo lugar en la lista cerrada para las legislativas de marzo. Este resultado no habría sido posible sin el respaldo explícito de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien pidió apoyo para su fórmula en la consulta. Además, el diputado Manuel García Lozano y el representante Alejandro Toro también acompañaron su candidatura. Sin embargo, tras estallar el escándalo, Zuleta afirmó que apoyó múltiples candidaturas y que no verifica títulos académicos, mientras Toro instó a Estrada a dejar su curul al partido.
Vínculos contractuales y la sombra de la UIAF
Otro nombre asociado a Estrada es el de Luis Eduardo Llinás Chica, exdirector de la UIAF y de la Dian. De acuerdo con la investigación periodística, Llinás le otorgó un contrato por $78 millones en la Dian y luego fue nombrado asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Estrada, cargo que ocupó hasta el 30 de septiembre. Llinás declaró a El Tiempo que fue “engañado en su buena fe” respecto a los títulos falsos y negó que el contrato constituyera una contraprestación. Este tipo de vínculos, sin embargo, alimenta las sospechas sobre prácticas de padrinazgo que priorizan lealtades sobre verificaciones de idoneidad.
Impacto y reacciones internas
El caso ha llevado a que la mayoría de congresistas del Pacto Histórico le soliciten la renuncia a Estrada, mientras la Coordinación Nacional Provisional convocó a su Comisión de Ética para el 23 de noviembre. Como resultado, el escándalo no solo opaca las marchas de la oposición, sino que revela una tensión estructural: la dificultad de los sectores populares para acceder a formación académica, argumento que Zuleta esgrimió para justificar su falta de verificación. Sin embargo, la falsificación de documentos, de comprobarse, constituiría una falta grave que trasciende las carencias del sistema educativo. El desenlace de este caso podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de los padrinos políticos y la transparencia en la selección de candidatos dentro de las coaliciones de izquierda.
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