Una nueva alerta sobre las tensiones entre los protocolos administrativos del sistema de salud y las necesidades clínicas urgentes se encendió en Barranquilla. Janeth López, madre de Valentina Montes López, una adolescente de 17 años diagnosticada con neurofibromatosis, denunció que personal de la Clínica Portoazul habría notificado la salida de alta de su hija pese a que no ha comenzado el tratamiento con selumetinib y continúa alimentándose por sonda gástrica. Según el testimonio recogido por EL TIEMPO, la comunicación no se le dio directamente a ella como representante legal, sino a la joven y a su acompañante.
El argumento médico detrás de la posible salida
De acuerdo con la versión de la madre, la justificación para ordenar el egreso hospitalario sería el tiempo que tardará la importación del medicamento desde Estados Unidos. La adolescente permanece hospitalizada desde el 29 de septiembre y recibe alimentación por sonda desde el 23 de octubre, debido a que el tumor cervical afecta su capacidad para tragar. Además, la masa tumoral le impide girar la cabeza con normalidad y le provoca dolor constante. Los especialistas descartaron una cirugía inmediata porque el tumor rodea vasos sanguíneos delicados, lo que eleva los riesgos de una intervención en su estado actual.
Trabas administrativas y el peso de la burocracia
El caso evidencia un patrón recurrente en el acceso a medicamentos de alto costo en Colombia: la brecha entre la formulación médica y la radicación efectiva de la solicitud. Según relató López, tras la biopsia y el estudio de inmunohistoquímica, le informaron que el trámite estaba en curso, pero al verificar descubrió que no existía ninguna solicitud radicada a nombre de Valentina. Solo después de nuevos reclamos ante la EPS Proteger, el requerimiento fue ingresado formalmente. Como resultado, la familia enfrenta ahora una doble incertidumbre: la demora del fármaco y la posibilidad de que la paciente sea dada de alta sin haber iniciado el tratamiento que los médicos consideran clave.
Implicaciones y perspectivas
Este caso plantea interrogantes sobre la coordinación entre clínicas y aseguradoras cuando los tiempos administrativos chocan con la evolución clínica de un paciente. Por un lado, la clínica argumenta que la demora del medicamento justifica el alta; por otro, la madre sostiene que su hija no está en condiciones de recibir cuidado domiciliario. El desenlace dependerá de la reunión citada por el centro asistencial y de la velocidad con que se complete la importación del selumetinib. Mientras tanto, la adolescente continúa esperando un tratamiento que, según los especialistas, podría detener el avance del tumor y abrir la puerta a una futura cirugía.
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