El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, instaló este miércoles 18 de noviembre el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño y se pronunció sobre la jornada de protestas convocada para el día siguiente por sectores de oposición. Desde ese escenario, el mandatario sostuvo que las manifestaciones responden a problemáticas heredadas y no a su gestión, según reporta la prensa nacional.
Un pronunciamiento directo contra los convocantes
“Dejaron quebrado el Estado por la corrupción, por la improvisación, la ineptitud y la inoperancia, y ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”, afirmó el jefe de Estado durante su intervención pública. En esa línea, agregó que los ciudadanos “no son tontos” y que desde el Gobierno entienden que “el pueblo sabe que los causantes de esa tragedia son ellos y que nosotros estamos aquí para resolverla”. Además, el presidente aclaró que no llegó al poder a quejarse de la administración anterior, sino a resolver los problemas que se presenten.
La declaración adquiere relevancia porque sitúa el conflicto político en el terreno de la responsabilidad histórica: el Ejecutivo no solo rechaza las críticas, sino que las devuelve a quienes considera sus autores intelectuales. Este tipo de encuadre narrativo, frecuente en coyunturas de alta polarización, busca deslegitimar la convocatoria sin desconocer el derecho a la protesta.
Una jornada de movilización con múltiples frentes
Las marchas del 19 de noviembre incluyen plantones y eventos culturales en todo el país. En Bogotá, la principal concentración será la del “Paro Nacional”, programada para las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, desde donde los manifestantes se desplazarán hacia la Plaza de Bolívar. La agenda contempla además la marcha “La Peda se Moviliza” en la Universidad Pedagógica Nacional, el evento cultural “La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres” y la movilización “El Paro al Barrio” en el Park Way, entre otras actividades.
De acuerdo con Fecode, la convocatoria responde a la defensa de la educación pública y al rechazo a la reforma tributaria del Gobierno, así como a los proyectos de ley 074, 079 y 249 de 2026 y a una propuesta de modificación del Decreto 1075 de 2015. El sindicato considera que estas iniciativas promueven la privatización del sector educativo. Como resultado, la protesta articula demandas laborales y educativas con un cuestionamiento más amplio a la política fiscal del Ejecutivo.
Contexto de seguridad y gestión institucional
Desde el Estado, las marchas serán tratadas conforme al nuevo decreto que delimita el manejo del diálogo y los casos en los que la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) entrará a intervenir de ser necesario. La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos por posibles afectaciones durante la jornada. Mientras tanto, la Secretaría Distrital de Gobierno acompañará las concentraciones con gestores de convivencia para promover la protesta pacífica, y la Alcaldía recomendó planear los desplazamientos y consultar el estado de las vías por los canales oficiales.
El episodio refleja una tensión recurrente en democracias con alta conflictividad social: la necesidad de garantizar el derecho a la protesta mientras se gestiona el orden público. El uso de un marco normativo específico para el manejo de las manifestaciones sugiere una apuesta por la institucionalidad, aunque su aplicación concreta será observada de cerca por ambos bandos.
Implicaciones y lectura de fondo
El cruce entre las declaraciones presidenciales y la convocatoria opositora anticipa un pulso político que trasciende la jornada del jueves. Por un lado, el Gobierno busca capitalizar el descontento social como evidencia de una herencia problemática; por otro, los convocantes intentan instalar la idea de que las políticas actuales afectan derechos adquiridos. En ese sentido, la protesta se convierte en un termómetro de la legitimidad percibida de la administración.
La movilización también pone a prueba la capacidad de diálogo institucional. Si las marchas transcurren sin incidentes graves, el Ejecutivo podría reforzar su narrativa de gobernabilidad; si escalan, el debate se desplazaría hacia la gestión del orden público. En cualquier caso, el episodio confirma que la confrontación entre el Gobierno y sus opositores sigue siendo el eje que estructura la agenda política colombiana.
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