El presidente Abelardo De La Espriella rechazó este miércoles 18 de noviembre los señalamientos sobre posibles vulneraciones a los derechos de las personas detenidas durante los operativos contra estructuras armadas, según reportó el medio El Tiempo. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario defendió la actuación de las autoridades y se refirió de manera particular al caso de alias Primo Gay, cuya captura derivó en cuestionamientos sobre el trato recibido bajo custodia estatal.
Defensa presidencial y controversia judicial
En su publicación, De La Espriella afirmó que “nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado” y presentó imágenes del detenido señalando que fue “capturado, procesado y motilado como corresponde”. Sin embargo, la polémica escaló cuando el Juzgado 104 de Control de Garantías Ambulante de Antioquia compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para determinar si el mandatario vulneró la dignidad humana del detenido al exhibirlo públicamente. Esta actuación judicial busca establecer si el comportamiento presidencial desconoció las garantías que deben protegerse para personas bajo custodia del Estado, un principio fundamental del derecho internacional humanitario.
Perfil del detenido y alcance de los operativos
El Ejército Nacional identificó a alias Primo Gay como Néider Yesid Uñates López, de 24 años, señalado como cabecilla principal de la subestructura 5 del grupo armado organizado residual (GAO-r), facción Calarcá, y enlace criminal del ‘clan del Golfo’. Su captura se produjo en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, Antioquia, en una operación coordinada entre el Gaula Militar Valle de Aburrá, la Policía y la Fiscalía que dejó cinco detenidos y una menor de edad recuperada. Según las autoridades, Uñates López llevaba aproximadamente diez años en la organización y estaría relacionado con ataques contra la Fuerza Pública, extorsiones a EPM, afectaciones a torres de energía en Medellín y Bello, así como el secuestro y posterior tortura del periodista Mateo Pérez.
Implicaciones y continuidad de las operaciones
El presidente advirtió que las capturas y operativos continuarán “hasta que cada bandido entienda que la autoridad del Estado se respeta y que sus crímenes no quedarán impunes”. Esta postura refleja una estrategia de mano dura contra grupos criminales que, sin embargo, deberá equilibrarse con el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos, especialmente cuando existen pronunciamientos judiciales que cuestionan procedimientos oficiales. El caso evidencia la tensión entre la efectividad de las operaciones de seguridad y el cumplimiento de estándares legales en el tratamiento de personas bajo custodia, un debate recurrente en la política de seguridad colombiana.
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