El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de excluir el IVA de la canasta familiar de la reforma tributaria y de ajuste fiscal ha obligado al Gobierno y al Congreso a reformular la estrategia para equilibrar las finanzas públicas. Según reporta la prensa económica nacional, el faltante que genera esta decisión asciende a unos 12 billones de pesos, una cifra que podría aumentar al considerar los cambios para el agro y la devolución del impuesto. El Ejecutivo había planteado originalmente un ajuste de entre 44 y 45 billones de pesos, por lo que la búsqueda de fuentes alternativas de ingresos se ha convertido en el eje central de la negociación legislativa.
Las fórmulas sobre la mesa
Entre las propuestas que circulan en el Congreso destacan varias vías para recuperar los recursos. Algunos legisladores plantean cobrar deudas tributarias pendientes con la Dian y la UGPP, lo que podría generar más de 2,5 billones de pesos. Otros apuntan a gravar las compras pequeñas del exterior con un arancel del 40 por ciento, medida que, según sus cálculos, recaudaría hasta 8 billones y reduciría la desventaja de los fabricantes locales frente a las plataformas asiáticas. Además, se propone revisar los beneficios tributarios de las empresas y mantener la tarifa general de renta empresarial en 35 por ciento, en lugar de reducirla al 31 por ciento como contemplaba el proyecto original, lo que liberaría cerca de 6 billones adicionales.
El gasto público y la venta de activos
El recorte del gasto estatal es otra de las aristas del debate. Hacienda cifra en 23,7 billones de pesos la reducción prevista en el proyecto, que incluye recortar a la mitad los contratos de prestación de servicios, disminuir cerca del 20 por ciento los gastos de nómina —excepto en defensa y seguridad— y racionalizar 189 transferencias. Sin embargo, algunos sectores consideran que estas medidas son insuficientes y proponen una reingeniería de la Dian para combatir la evasión y el contrabando. En paralelo, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, plantea una operación con las acciones de ISA valorada en cerca de 9 billones de pesos, mediante la cual una agencia estatal adquiriría los títulos con deuda para transferir los recursos a la Nación. Esta fórmula, sumada al ajuste en renta, aportaría unos 15 billones, aunque se trata de un ingreso único que no resuelve las necesidades estructurales de los años siguientes.
Implicaciones y tensiones políticas
El debate refleja una tensión de fondo sobre el modelo fiscal colombiano. Mientras el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advierte que sin un ajuste equivalente al 4,7 por ciento del PIB en 2030 el mercado realizará el ajuste “de manera brusca y desordenada”, voces como la representante Catherine Juvinao cuestionan que se concedan beneficios a las grandes compañías mientras se buscan recursos para cerrar el déficit. Por lo tanto, el resultado de las audiencias públicas programadas para finales de noviembre será determinante para definir qué medidas otorgan caja en 2027 y cuáles garantizan la sostenibilidad de las cuentas en el mediano plazo. La disyuntiva entre gravar el consumo, ajustar el gasto o enajenar activos estatales marcará el rumbo de la política económica del país en los próximos años.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















