El episodio de agresiones racistas contra la auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali Jazli Tatiana Carabalí Arroyo, ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026 en el centro de la ciudad, dejó de ser un hecho viral para convertirse en un caso con dos frentes judiciales abiertos y una sanción laboral ya ejecutada. Según reporta EL TIEMPO, la identidad del señalado agresor fue confirmada tanto por las autoridades distritales como por la entidad pública donde trabajaba como contratista.
Quién es el señalado agresor
Se trata de José Miguel P. O., quien se desempeñaba como técnico clínico y contratista vinculado a la Red de Salud del Centro ESE de Cali. De acuerdo con la información conocida, sus funciones eran asistenciales y de apoyo directo a los servicios médicos, sin ejercer como médico profesional: apoyaba el laboratorio clínico con recepción, preparación y procesamiento técnico de muestras biológicas, el manejo de equipos analizadores y la verificación de controles de calidad bajo supervisión. Además, asistía en procedimientos médicos, consulta externa, vacunación y urgencias básicas, colaboraba en la toma de electrocardiogramas y en jornadas comunitarias con tamizajes básicos de presión arterial, peso y talla.
El origen de los hechos y la reacción institucional
Según los reportes y el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron mientras Carabalí cumplía labores de vigilancia y control junto a una compañera en un CAI del barrio Obrero. Un video grabado en el lugar y viralizado después muestra al señalado abordando a las uniformadas con expresiones discriminatorias y agresiones verbales contra la auxiliar. La conducta serena de Carabalí durante el altercado le valió el 17 de noviembre un reconocimiento público de la Alcaldía de Cali; el alcalde Alejandro Eder manifestó que la ciudad no tolera “agresiones de ningún tipo, y mucho menos actos racistas”.
Como resultado de la presión institucional, la gerente de la Red de Salud del Centro, Natali Mosquera Narváez, confirmó la terminación del vínculo contractual del implicado y ratificó la política de “cero tolerancia al maltrato y la discriminación” de la entidad, al tiempo que puso a disposición la línea 106 de apoyo psicosocial, activa las 24 horas.
Dos procesos en curso
El caso avanza por vías paralelas. Por un lado, Carabalí instauró una denuncia penal formal por los ataques verbales y actos de discriminación sufridos en ejercicio de sus funciones, proceso que ya conoce la Fiscalía General de la Nación. Por otro, la Administración Distrital solicitó a la Personería abrir un proceso disciplinario para esclarecer responsabilidades, sumado a las actuaciones penales por presuntos delitos de discriminación y violencia contra servidor público. A ello se agregó la denuncia pública del representante a la Cámara por las comunidades negras, Óscar Benavides, quien recordó que los artículos 134A y 134B del Código Penal contemplan sanciones por discriminación y hostigamiento.
Un precedente que marca la ruta judicial
El episodio reavivó el recuerdo de un caso similar: el 16 de mayo de 2025, el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas fue insultado racialmente durante un control vial en el Parque del Perro. Por esos hechos, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión y al pago de una multa de 5,5 salarios mínimos, sin beneficios de libertad condicional. Ese fallo sugiere que la justicia caleña ha empezado a tratar el racismo contra servidores públicos con penas efectivas, lo que podría anticipar el rumbo del proceso contra el señalado agresor de Carabalí, ahora a disposición de la Fiscalía y de los entes disciplinarios.
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