El Atlántico enfrenta un panorama alarmante en 2026: 76 mujeres han sido asesinadas en el departamento, una cifra que supera el total registrado en 2025. Sin embargo, según reporta EL TIEMPO, solo cuatro de estos casos han sido formalmente tipificados como feminicidio por la Fiscalía General de la Nación, mientras cerca del 70% de las investigaciones permanecen abiertas y sin conclusiones definitivas sobre sus móviles. Esta brecha entre homicidios y feminicidios reconocidos revela una zona gris que dificulta dimensionar la violencia de género en la región.
La tipificación como cuello de botella
La investigadora de género Alejandra Moreno Astwood insiste en una precisión jurídica fundamental: “No podemos afirmar que sean 76 feminicidios porque jurídicamente no es cierto”. La clasificación de un caso como feminicidio depende exclusivamente de la Fiscalía y del avance de cada expediente. Como resultado, la mayoría de las muertes violentas de mujeres permanecen en un limbo investigativo que impide conocer cuántas fueron motivadas por razones de género.
Esta demora no es neutral. Según Moreno, en numerosos casos la hipótesis de ajuste de cuentas se impone de manera prematura cuando las víctimas tienen vínculos con economías ilegales o antecedentes judiciales. Sin embargo, la Circular 004 de la Fiscalía establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con enfoque de género, independientemente del perfil de la víctima. Por lo tanto, cerrar líneas de investigación sin agotar el análisis diferencial podría estar invisibilizando feminicidios bajo otras etiquetas.
Estadísticas fragmentadas, respuestas incompletas
La ausencia de una base de datos unificada agrava el problema. La Policía, la Fiscalía, Medicina Legal, las organizaciones de mujeres y las dependencias territoriales manejan registros independientes que no coinciden entre sí. Como resultado, construir una radiografía precisa del fenómeno se vuelve una tarea compleja incluso para quienes lo monitorean de cerca. Ante esta fragmentación, el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género anunció el impulso de un Observatorio de Violencia contra la Mujer que integre la información institucional y permita identificar patrones y concentraciones geográficas de riesgo.
Barreras en la ruta de atención
Las alertas también alcanzan los mecanismos de protección. Moreno denunció ante las autoridades que la articulación entre Fiscalía y Medicina Legal se ha debilitado por modificaciones internas y recortes de personal. Anteriormente, una víctima podía presentar la denuncia y acceder a la valoración forense en un mismo lugar; hoy debe desplazarse hasta la sede de Medicina Legal en el sector de Los Andes. Esta barrera logística se vuelve infranqueable para muchas mujeres sin recursos para costear múltiples desplazamientos, lo que desincentiva la continuidad de los procesos.
El desafío, según coinciden autoridades y expertos, no es solo contabilizar las muertes, sino garantizar que cada expediente se revise con rigor y perspectiva de género. Mientras los casos sigan sin esclarecerse y las cifras no coincidan, la pregunta central permanece sin respuesta: ¿cuántas de las 76 mujeres asesinadas en el Atlántico serán reconocidas oficialmente como víctimas de feminicidio?
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.














