El caso del exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado, asesinado el 10 de abril de 2003 tras denunciar presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud, permanece abierto y con saldos pendientes. Según reporta EL TIEMPO, a 23 años de los hechos las amenazas contra su familia no cesan y no todos los presuntos responsables se encuentran detenidos, lo que evidencia las dificultades estructurales de la justicia colombiana para cerrar casos de violencia contra líderes sociales.
Un proceso con avances parciales y vacíos persistentes
El exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus es la única figura de alto nivel condenada a 40 años de cárcel por este crimen, aunque recuperó la libertad provisional al ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una segunda condena recae sobre Dina Luz Martínez, exdirectora de la cárcel La Vega de Sincelejo, quien habría facilitado la salida de prisión de los presuntos responsables materiales, varios de ellos también condenados posteriormente. Sin embargo, para Juan David Díaz Chamorro, hijo de la víctima y representante del Movice, faltan por responder entidades como la Gobernación de Sucre, el DAS —que emitió un informe señalando a su padre como guerrillero—, la Procuraduría en Sucre, el Inpec, el entonces director de la Policía coronel Norman León Arango y el expresidente Álvaro Uribe.
La advertencia que no fue escuchada
El 1 de febrero de 2003, durante un Consejo Comunitario en Corozal con presencia del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, ‘Tito’ Díaz denunció públicamente las amenazas que recibía por negarse a participar en un supuesto entramado de saqueo de recursos de la salud que, al parecer, financiaba a paramilitares. “Ahora viene el otro paso y es que a mí me van a matar”, advirtió. Días antes le habían retirado el esquema de seguridad y el 5 de abril asistió a una reunión de la que no regresó. Su cuerpo apareció con signos de tortura el 10 de abril de 2003.
Impacto regional y dimensión internacional
Las cinco agresiones con arma de fuego contra Juan David Díaz y las intimidaciones constantes contra su familia reflejan un patrón que trasciende el caso individual: la protección efectiva de víctimas y defensores de derechos humanos sigue siendo un desafío operativo en Colombia. Como resultado de la solicitud ante la CIDH para que se declare al Estado responsable internacionalmente por la desaparición, tortura y asesinato de ‘Tito’ Díaz, la Unión Europea y la Embajada de Francia pidieron protección reforzada para el líder social, que ya comenzó a recibirla. El proceso judicial espera reactivarse con la colaboración de Norman León Arango ante la JEP, mientras persiste la pregunta de fondo: ¿cuántos casos como este permanecen en un limbo de condenas parciales y amenazas activas?
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