El gobierno de Venezuela, bajo la dirección encargada de Delcy Rodríguez, ha anunciado su intención de impulsar “avances significativos” para revertir parte de la política de nacionalizaciones ejecutada durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013). Según reporta EL TIEMPO, la medida contempla la valoración de activos no esenciales en manos del Estado para ofrecerlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos propietarios, en lo que constituiría un giro económico de profundo calado para un país que arrastra años de contracción productiva.
Un universo de casi 900 empresas en la mira
De acuerdo con cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), alrededor de 902 empresas expropiadas podrían retornar a manos privadas. Tito López, presidente del gremio, precisó al medio colombiano que solo entre sus afiliadas hay 694 compañías mapeadas en rubros como autopartes, repuestos y textiles, y estimó que cerca del 75 por ciento corresponden al sector primario y agroalimentario. El plan oficial establece que primero se ofrecerán a sus antiguos dueños y, en caso de que estos declinen invertir en su recuperación, serían subastadas.
El lastre de la opacidad y la caída industrial
El contexto de este anuncio es revelador: Transparencia Venezuela documentó en 2022 un total de 914 empresas expropiadas, de las cuales 692 permanecen bajo control del Gobierno nacional y 219 son administradas por gobernaciones. Además, la organización advirtió que desde 2010 estas corporaciones dejaron de publicar sus balances financieros, lo que evidencia un manejo opaco de los activos. Casos como el de la Siderúrgica del Orinoco ilustran el deterioro: en 2014 la producción cayó 33 por ciento y se inutilizó el 78 por ciento de su capacidad instalada. Sin embargo, el politólogo Carlos Zambrano advierte a EL TIEMPO que el anuncio responde más a la presión de Estados Unidos que a una convicción ideológica, por lo que no constituye “garantía de nada”.
La crisis eléctrica, el obstáculo inmediato
Más allá del entusiasmo empresarial, la reactivación choca con un problema estructural: la crisis eléctrica. Según la encuesta trimestral de Conindustria, de 520 horas laborables, las empresas reportaron un promedio de 231 horas sin servicio, equivalentes a 67 cortes por trimestre, con un impacto económico mensual estimado en 34.230 millones de dólares para la manufactura privada. Regiones como los Andes acumularon hasta 324 horas de interrupción. Como resultado, cualquier plan de devolución de activos deberá acompañarse de soluciones energéticas concretas, pues de lo contrario la recuperación industrial —que apenas alcanza un índice del 14 al 18,8 por ciento frente a los niveles de 2012 y 2013— seguirá siendo una promesa incompleta.
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