La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó un balance de gestión en los departamentos de Bolívar y Sucre durante los primeros 100 días de la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Según reporta la entidad, en este periodo se entregaron predios, se sancionaron medidas de compensación y se firmaron proyectos productivos para familias afectadas por el conflicto armado. El informe, dado a conocer desde El Carmen de Bolívar, corazón de los Montes de María, detalla recursos cercanos a los $3.480 millones distribuidos entre compensaciones e iniciativas productivas rurales.
Entregas de tierras y compensaciones en la región
En el frente de restitución material, seis familias campesinas de los municipios bolivarenses de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno recibieron formalmente sus predios, sumando cerca de 143 hectáreas restituidas en el departamento. Paralelamente, la entidad avanzó en el cumplimiento de órdenes judiciales mediante medidas de compensación que beneficiaron a 16 personas en Bolívar y Sucre —incluyendo víctimas, segundos ocupantes y terceros de buena fe exenta de culpa—, con una inversión superior a los $2.378 millones.
Proyectos productivos y proyecciones antes de cerrar 2026
Para consolidar la sostenibilidad económica de los hogares beneficiarios, la URT destinó $1.101 millones a 38 familias de Bolívar y Sucre a través de proyectos productivos. Las líneas de trabajo contemplan:
- Ganadería de doble propósito
- Gallinas ponedoras
- Cerdos de levante
- Entrega de herramientas, equipos e insumos orientados a fortalecer las labores rurales
La programación de la entidad proyecta nuevas entregas antes de que finalice 2026: en Bolívar se encuentran programadas 14 entregas adicionales, mientras que en Sucre se proyectan siete entregas adicionales en beneficio de 14 familias de los municipios de Ovejas, Santiago de Tolú y Colosó, que representarían aproximadamente 350 hectáreas.
Perspectiva institucional y desafíos pendientes
La directora general de la URT, Myriam Martínez Cárdenas, señaló que la prioridad es “fortalecer la fase administrativa, mejorar la coordinación entre las entidades encargadas del cumplimiento de las sentencias y acelerar la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto armado”. Este balance inicial refleja un avance en la ruta de reparación, aunque el reto persiste en garantizar que las familias campesinas puedan reconstruir sus proyectos de vida en el campo de manera sostenible. El regreso a la tierra, según el reporte, se acompaña de herramientas para la generación de ingresos, un enfoque que busca trascender la entrega material y apuntar a la autonomía económica de los beneficiarios.
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