Una propuesta ciudadana radicada el 18 de noviembre ante el Congreso colombiano busca ampliar la participación de empresas y comerciantes en la financiación de las Redes de Seguridad Ciudadana contempladas en el proyecto de ley 161 de 2025 Cámara. La iniciativa, presentada por Juan Pablo Agudelo, director de la Fundación Buffalos y exconcejal de Acacías (Meta), fue dirigida al senador Óscar Leonardo Villamizar, del Centro Democrático, y a los representantes ponentes para segundo debate, con el objetivo de que sus seis ajustes sean incorporados antes de la discusión en la plenaria de la Cámara.
Los ejes de la propuesta
El documento plantea modificaciones que van desde la extensión territorial hasta los incentivos económicos. Entre los puntos más relevantes se encuentran:
- Cobertura rural: permitir la conformación de redes en veredas, corregimientos e inspecciones de Policía, no solo en distritos, municipios y barrios.
- Tecnología adaptada: priorizar sistemas de alerta por radiofrecuencia, alarmas sonoras y botones de pánico en zonas sin conectividad estable, enlazados con la estación de Policía más cercana.
- Rendición de cuentas: reportes semestrales de alertas emitidas y atendidas, con información sobre tiempos de respuesta que podría incidir en la distribución de recursos públicos.
- Estándares técnicos: regulación para equipos de vigilancia y protección de datos captados por cámaras, con publicación del número de dispositivos por barrio pero reserva de su ubicación exacta.
- “Comercio Aliado de la Seguridad”: reconocimiento a aportantes mediante descuentos tributarios, un sello exhibible, incentivos en el impuesto de industria y comercio e inventario público de aportes y destinación.
El fantasma de las Convivir y los límites jurídicos
La propuesta reabre una discusión sensible en Colombia sobre hasta dónde pueden involucrarse los particulares en tareas de seguridad. Agudelo ha rechazado las comparaciones con las Convivir, los servicios especiales de vigilancia privada creados al amparo del Decreto 356 de 1994, que en la década de los noventa derivaron en casos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tribunales colombianos como fachadas para grupos paramilitares. El proyecto de ley 161, sin embargo, aclara que las redes estarían bajo coordinación de la Policía Nacional y no otorgarían facultades de persecución, detención o investigación a sus integrantes.
La Sentencia C-572 de 1997 de la Corte Constitucional ya estableció una distinción clave: la colaboración ciudadana con las autoridades es legítima cuando se limita a suministrar información, pero no puede sustituir funciones estatales. Como resultado, si el Congreso avanza en la ampliación de aportes privados, deberá resolver preguntas pendientes: quién verifica el origen de los recursos, qué controles impiden que un aportante influya en las prioridades de vigilancia de un territorio y cómo se certifican las donaciones para evitar privilegios frente a otros ciudadanos.
Perspectiva: incentivos con controles pendientes
El modelo propuesto combina dos tendencias visibles en la política de seguridad latinoamericana: la corresponsabilidad público-privada y la tecnificación del monitoreo. Sin embargo, el diseño del incentivo tributario —uno de los puntos de mayor discusión— requiere un articulado preciso que defina la certificación de donaciones y los mecanismos antielusión, pues de lo contrario podría abrir espacios para influir en la priorización de la vigilancia. Además, la solicitud de audiencia pública con participación de los frentes de seguridad de Acacías, la Policía, el sector comercial y autoridades locales será determinante para legitimar el debate. La pelota queda ahora en los ponentes y en la plenaria de la Cámara, que deberán sopesar el valor operativo de las redes frente a los riesgos históricos de la participación civil en seguridad.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.














