Gobierno colombiano retira ajustes al IVA en canasta básica, agroinsumos y medicina prepagada: el desafío fiscal que se abre

El Ministerio de Hacienda de Colombia confirmó este miércoles 18 de noviembre que tres de los cambios más sensibles de la reforma tributaria y de ajuste fiscal quedan fuera del texto que se discute en el Congreso: los ajustes al IVA para la canasta básica, los agroinsumos y los planes de medicina prepagada. La decisión, anunciada por el ministro Miguel Gómez Martínez ante las comisiones económicas del Legislativo, busca facilitar el trámite de la iniciativa, pero abre un interrogante sobre cómo se compensará el recaudo que se deja de percibir.

Los tres compromisos que alivian la carga tributaria

El primer ajuste retirado protege a los hogares del impacto que habría tenido el IVA sobre alimentos y productos de la canasta básica. Según el texto original, el Gobierno había planteado sacar de la lista de excluidos a las frutas y verduras frescas, el café en grano y el maíz, además de eliminar la tarifa del 5 por ciento para productos como el azúcar, las pastas y el chocolate, que habrían pasado al 19 por ciento.

El segundo compromiso beneficia directamente a los productores del campo: los agroinsumos quedarán por fuera del cambio, luego de que la propuesta inicial contemplara retirar de la lista de excluidos a los abonos y plaguicidas. El tercer ajuste tocaba el bolsillo de los usuarios de medicina prepagada, cuya tarifa habría pasado del 5 al 19 por ciento. Con estas decisiones, el Ejecutivo responde a las presiones sociales y sectoriales, aunque el costo fiscal queda por definirse.

La cuenta pendiente: ¿de dónde saldrán los recursos?

El proyecto contempla un recorte del gasto de 23,7 billones de pesos, pero el Ministerio aún debe precisar cuánto ahorro adicional se necesita para cubrir el recaudo faltante. César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que el componente de IVA era una de las principales fuentes de ingresos del ajuste y, a partir de 2028, habría sido la mayor, con un aporte superior al 1 por ciento del PIB. Esa estimación evidencia el peso que tenía el IVA en las cuentas de la reforma, aunque el ministro Gómez Martínez dejó pendiente el desglose de cuánto se esperaba recaudar con cada uno de los tres cambios retirados.

Dentro de los 23,7 billones de pesos de recorte, el Ministerio menciona una reducción del gasto operativo de unos 8 billones anuales hasta 2030. La iniciativa también propone recortar en un 50 por ciento los contratos de prestación de servicios, bajar cerca de un 20 por ciento los gastos de nómina —con excepción de defensa y seguridad— y revisar 189 transferencias. A eso se suman la posibilidad de fusionar o suprimir entidades y la venta de activos improductivos. El ajuste fiscal previsto equivale al 4,7 por ciento del PIB para 2030 y permitiría estabilizar la deuda pública en torno al 64 por ciento del PIB, según explicó el ministro.

Alternativas para cerrar la brecha fiscal

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, señala que el Gobierno debe identificar qué contratos de prestación de servicios y qué gastos de funcionamiento puede recortar, y ponerle una cifra al ahorro de la reforma administrativa. Para el experto, antes de fusionar o eliminar entidades hay que revisar sus funciones, procesos y cargas de trabajo, con el fin de establecer dónde hay tareas duplicadas sin debilitar la capacidad del Estado.

Amorocho también planteó dos vías para conseguir ingresos. La primera es revisar los beneficios tributarios en renta e IVA, en especial las exenciones y deducciones de las empresas y del sector financiero, procurando preservar a actividades como la industria y el agro, que todavía están en recuperación. Calcula que esa revisión podría aportar alrededor de 25 billones de pesos, una cifra que depende de cuáles beneficios se eliminen. La segunda es fijar metas claras, reales y verificables contra la evasión y el contrabando, por donde estima que podrían obtenerse 5 billones de pesos adicionales al año. La reforma también propone darle a la Dian más herramientas para combatir la evasión, la elusión y el contrabando, aunque el Ministerio no precisa cuánto recaudo adicional espera obtener por esa vía.

Un equilibrio entre alivio social y sostenibilidad fiscal

Con los tres compromisos confirmados, la discusión en el Congreso tiene una cuenta concreta por resolver. Hacienda deberá mostrar cuánto recaudo se pierde con cada cambio y cuánto de ese faltante puede cubrir con ahorros por encima del recorte ya previsto, advierten los analistas. El reto no es menor: el Gobierno busca aliviar la carga tributaria sobre los hogares y el sector agropecuario sin desfinanciar las metas de estabilización de la deuda pública. El resultado de este equilibrio definirá no solo el alcance de la reforma, sino también la credibilidad de las cuentas fiscales del país ante los mercados y los organismos internacionales.

🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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