El Gobierno colombiano intensifica la lucha contra las comunicaciones ilegales desde prisiones
La Presidencia de Colombia anunció la apertura de procesos administrativos sancionatorios contra cuatro grandes operadores de telefonía móvil y la empresa de internet satelital Starlink, según un comunicado divulgado el 21 de noviembre de 2026. La medida busca determinar si estas compañías incumplieron su obligación legal de restringir las señales de transmisión y recepción dentro de los establecimientos penitenciarios del país. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) formuló cargos específicos contra Comcel, Colombia Telecomunicaciones, Partners Telecom Colombia y la Unión Temporal Colombia Móvil-Colombia Telecomunicaciones (Tigo), además de Starlink Colombia S.A.S.
Esta decisión surge tras operativos de control que revelaron un panorama preocupante: los reclusos continúan accediendo a infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas. Durante una intervención en la cárcel La Picota, en Bogotá, las autoridades incautaron 3.754 tarjetas SIM, 582 teléfonos celulares, 38 módems y seis antenas de conexión satelital Starlink, junto con otros dispositivos electrónicos. Posteriormente, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC verificó técnicamente la existencia de redes wifi activas provistas por Starlink en cuatro centros carcelarios: Las Heliconias (Florencia, Caquetá), Bellavista (Bello, Antioquia), La Picota (Bogotá) y la cárcel de Acacías (Meta).
Marco legal y responsabilidades institucionales
El Gobierno sustentó estas actuaciones en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado mediante la Ley 1709 de 2014, que establece de manera explícita el deber legal de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de atenuar las señales que cubren los centros de reclusión. Esta normativa, vigente desde hace más de una década, convierte en obligación no opcional la implementación de medidas técnicas para impedir conexiones ilícitas desde las prisiones.
El presidente Abelardo De La Espriella reforzó la postura del Ejecutivo mediante un pronunciamiento en redes sociales, donde advirtió que se emplearán todos los mecanismos jurídicos y técnicos disponibles para cortar las comunicaciones de los internos. “He dado instrucciones para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios”, declaró el mandatario. Además, enfatizó que “toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida”, señalando responsabilidades compartidas entre operadores, MinTIC, Inpec, Ministerio de Justicia y Fuerza Pública.
Implicaciones para el sector y la seguridad penitenciaria
Este caso refleja una tendencia creciente en América Latina: gobiernos que enfrentan el desafío de equilibrar la conectividad comercial con la seguridad penitenciaria. La proliferación de tecnologías satelitales de bajo costo, como Starlink, ha complicado los esfuerzos tradicionales de bloqueo de señales, ya que estas redes operan fuera de la infraestructura terrestre convencional. Según fuentes oficiales, el objetivo central es frenar las extorsiones y otros delitos coordinados desde las cárceles, un fenómeno que afecta directamente a la ciudadanía.
El desenlace de estos procesos sancionatorios podría establecer precedentes importantes sobre la responsabilidad legal de los proveedores de internet satelital en entornos restrictivos. Asimismo, plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas técnicas disponibles y la necesidad de actualizar el marco regulatorio para tecnologías emergentes. Mientras los procesos avanzan, el Ejecutivo reiteró que los centros carcelarios no pueden operar como plataformas para coordinar actividades delictivas, exigiendo a los operadores aplicar las medidas necesarias para garantizar el aislamiento de las comunicaciones no autorizadas.
🤖 Este artículo fue creado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un periodista.















