El presidente Abelardo De La Espriella utilizó la entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado en Medellín para anunciar que su gobierno emprenderá acciones legales con el fin de que los antiguos miembros de las Farc entreguen la totalidad de los bienes que reportaron durante las mesas de negociación. La declaración, según reporta El Tiempo, se produce a pocos días de que se cumplan diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, un tratado que el mandatario ha cuestionado de forma sostenida desde su campaña.
La brecha entre lo reportado y lo entregado
El argumento central del gobierno se apoya en cifras divulgadas por la Contraloría, que evidencian una distancia considerable entre el inventario declarado por la extinta guerrilla y los activos efectivamente recuperados por el Estado. De acuerdo con esos datos, de los $12.070 millones de pesos en efectivo reportados, solo se han entregado poco más de $2.100 millones. En materia de bienes físicos, la exguerrilla declaró 51.992 muebles y enseres, pero el Estado solo cuenta con 1.830; reportó 722 inmuebles, de los cuales apenas uno ha pasado a manos estatales, y de 319 unidades de transporte, solo 31 quedaron bajo administración pública.
Para el mandatario, estas cifras no son un detalle administrativo menor, sino la evidencia de un incumplimiento estructural. “Los victimarios tienen que responder ante la justicia y contribuir con sus bienes a la reparación”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la desmovilización no exime a los excombatientes de sus obligaciones económicas con las víctimas. La lógica del planteamiento es que el Estado no puede asumir la carga financiera de crímenes que, en su lectura, corresponden a quienes los cometieron.
Un frente abierto contra la JEP
El anuncio sobre los bienes se acompañó de una nueva arremetida contra la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que atraviesa un recorte presupuestal de $170.000 millones aprobado por el Congreso. De La Espriella calificó a la JEP como una estructura que “no ha servido para nada más que para crear burocracia” y contrastó sus costos con las indemnizaciones administrativas entregadas en los primeros cien días de su gobierno: 15.926 indemnizaciones y 11.924 pagos parciales ordenados.
El contexto importa: desde sectores afines al oficialismo se impulsa incluso que el tribunal deje de operar en 2028, una iniciativa que se hundió por falta de tiempos legislativos, aunque sus promotores prometieron volver a radicarla. Este pulso entre el Ejecutivo y la justicia transicional define buena parte del debate político actual y anticipa tensiones institucionales en el año previo a las elecciones.
Implicaciones de fondo
Más allá del anuncio, el episodio revela una discusión de fondo sobre la arquitectura de la reparación en Colombia. La persecución de bienes exige procesos judiciales, coordinación interinstitucional y años de litigio, por lo que los resultados difícilmente serán inmediatos. Como resultado, el gobierno enfrenta el reto de traducir su retórica en mecanismos concretos sin erosionar la seguridad jurídica del acuerdo. Las víctimas, mientras tanto, siguen esperando respuestas materiales que diez años después continúan pendientes.
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