La tensión entre la seguridad estructural y la urgencia humanitaria alcanzó un punto crítico en el sur de Cali. Un grupo de aproximadamente 19 familias que residía en el edificio Bachué, ubicado en la carrera 39 con avenida Roosevelt, tomó la decisión de ingresar por la fuerza a la estructura para recuperar sus pertenencias, acumulando más de tres meses de espera tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La acción, según reportan fuentes locales, responde a la falta de una respuesta formal por parte de la Alcaldía sobre el futuro de los inmuebles desocupados y a las condiciones precarias en las que se encuentran los afectados.
La urgencia humanitaria frente a la restricción técnica
Los damnificados argumentaron que, pese a las advertencias oficiales, la necesidad de recuperar objetos personales y ropa se volvió impostergable. “Decidimos entrar, cueste lo que cueste, bajo nuestra propia responsabilidad porque estamos viviendo en situaciones precarias”, declaró Juan David Salcedo, uno de los afectados, quien además señaló que las familias quedaron únicamente con lo que llevaban puesta la mañana del sismo. Esta situación evidencia una brecha crítica entre los protocolos de gestión del riesgo y la capacidad de respuesta institucional para atender las necesidades básicas de la población damnificada en el mediano plazo.
El laberinto técnico y administrativo del edificio Bachué
Desde la perspectiva técnica, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali clasificó la edificación en fase 3, un nivel que exige un estudio de ingeniería riguroso que debe ser asumido por el propietario del inmueble, identificado como la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Aunque las autoridades municipales aclararon que el edificio no enfrenta una amenaza inminente de derrumbe, persisten elementos que ponen en riesgo la integridad física de quienes ingresan. Como resultado de una mesa técnica realizada el 9 de noviembre, se recomendó implementar medidas de intervención física para facilitar la extracción de enseres grandes y pesados, dado que los accesos y el punto fijo de las escaleras no están debidamente constituidos.
Un contexto de recuperación que avanza lentamente
Este incidente se produce en medio de un ambicioso plan de recuperación liderado por la Alcaldía de Cali. Según el balance oficial del alcalde Alejandro Eder, a tres meses del sismo se han demolido 20 de los 85 edificios autorizados para derribo, aunque la lista de estructuras por intervenir podría ascender a 120, mientras que otras 1.200 edificaciones permanecen con sello rojo. Para financiar estas obras, el Gobierno Nacional activó el Fondo Milagro con un capital inicial de 624.000 millones de pesos provenientes de un crédito multilateral. Adicionalmente, se avanza en la dispersión de auxilios económicos para cerca de 21.000 familias priorizadas en el Registro Único de Damnificados, con una bolsa de 36.700 millones de pesos, y se estructuró un programa de aportes de 50 millones de pesos por familia para los 700 hogares que perdieron definitivamente su vivienda.
Análisis de impacto: entre la resiliencia y la desatención
La decisión de las familias del Bachué refleja un patrón recurrente en la gestión de desastres: cuando los procesos administrativos se extienden más allá de lo tolerable, la ciudadanía recurre a la autogestión, asumiendo riesgos que las autoridades buscan mitigar. Este caso plantea un dilema ético y operativo para las administraciones locales, que deben equilibrar la rigurosidad técnica con la empatía y la celeridad en la atención humanitaria. La experiencia del terremoto del 10 de agosto en Cali, con miles de viviendas afectadas y una reconstrucción que apenas comienza, subraya la necesidad de mecanismos de respuesta más ágiles y de una comunicación más efectiva entre las entidades gubernamentales, los propietarios de inmuebles y las comunidades afectadas.
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