La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, en el norte de Antioquia, ha reavivado la búsqueda de justicia para la familia del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en mayo de 2026 en Briceño. Julián Pérez Rueda, hermano de la víctima, rompió el silencio para respaldar la extradición del señalado criminal, pero advirtió que su detención es solo un paso en un proceso que exige la identificación de todos los responsables.
Una captura que no cierra la herida
Según declaraciones a EL TIEMPO, Julián Pérez calificó la noticia como un motivo de “sorpresa y expectativa”, aunque subrayó que la captura de Primo Gay no representa la justicia total. El detenido, señalado de múltiples crímenes y de haber integrado el Frente 36 de las disidencias de las FARC antes de vincularse al Clan del Golfo, es considerado el principal sospechoso del homicidio del comunicador. Sin embargo, la familia insiste en que faltan cabecillas como ‘Macho Viejo’ y otros guerrilleros que participaron en el crimen.
Como abogado, Julián Pérez advirtió sobre las barreras procesales que enfrentan las víctimas en Colombia. Señaló que, en casos como el de Víctor Chalá, la defensa ha dilatado las audiencias mediante apelaciones constantes, lo que obliga a los familiares a asumir la recolección de pruebas y el seguimiento judicial. “La labor más grande de nosotros es ponernos en la batalla jurídica”, afirmó, evidenciando la carga desproporcionada que recae sobre los allegados.
Extradición: respaldo con matices
La familia respalda la solicitud de extradición de Primo Gay a Estados Unidos, impulsada por la Gobernación de Antioquia, al considerar que sus delitos trascienden el homicidio y el atentado contra un helicóptero Black Hawk que dejó 13 policías muertos en Amalfi. Para Julián Pérez, el narcotráfico transnacional y la extracción ilegal de oro en el norte antioqueño justifican la cooperación internacional.
No obstante, aclaró que la justicia colombiana debe prevalecer: “En Colombia sí se puede hacer justicia”, enfatizó, al señalar que los responsables deben pagar tanto en el país como en el exterior. Este equilibrio entre cooperación y soberanía refleja la desconfianza histórica hacia un sistema judicial que, según la familia, no garantiza celeridad ni protección a las víctimas.
El riesgo de hablar: amenazas y desplazamiento
El temor de la familia no se limita a los estrados. Desde la búsqueda de Mateo, el Frente 36 los declaró objetivos militares, y las amenazas se han intensificado tras las capturas, ya que los procesados podrían coordinar represalias desde prisión. Julián Pérez denunció que debió abandonar su hogar en Yarumal por advertencias directas, mientras sus padres permanecen en el municipio sin protección estatal.
A pesar de las solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), la familia se siente desamparada. Este patrón de riesgo para denunciantes y víctimas en Colombia evidencia una falla estructural: la justicia avanza, pero la seguridad de quienes la exigen queda en un segundo plano, lo que podría disuadir a otros de buscar reparación.
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